A través del Decreto 266/2026, el Poder Ejecutivo Nacional ha oficializado el traspaso de facultades clave hacia la cartera que dirige Luis Caputo. A partir de ahora, el Ministerio de Economía tendrá autonomía para modificar los porcentajes de recargo que figuran en las boletas de gas de todo el país, una atribución que hasta hoy era exclusiva del Presidente.
El nuevo poder de ajuste
La normativa otorga a Economía la capacidad de subir o bajar hasta en un 50% los montos destinados al financiamiento de subsidios. Este recargo es el que sostiene el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, motor principal de beneficios como la Zona Fría.
¿Cómo impactaría esto en la factura?
·Situación actual: El recargo sobre el precio del gas en boca de pozo (PIST) es del 7,5%.
·Techo de aumento: Si el Ministerio decide aplicar el ajuste máximo permitido, ese componente podría saltar al 11,25%.
·Alcance: El cargo se aplica a cada metro cúbico consumido en el territorio nacional, sin importar si el uso es residencial, comercial o industrial.
Justificación y metas fiscales
Desde la Casa Rosada argumentaron que esta delegación de facultades responde a una necesidad de agilidad operativa. Al permitir que Economía maneje estos fondos de forma autónoma, el Gobierno busca una administración más dinámica para cumplir con las metas fiscales vigentes.
El decreto, que también lleva la firma del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, ratifica que la recaudación de estos fondos queda bajo la órbita de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), vinculada directamente a la cartera económica.
¿Qué está en juego con este fondo?
El dinero recaudado a través de este ítem no va a las empresas prestadoras, sino que financia regímenes tarifarios diferenciales en regiones climáticamente desfavorables, tales como:
·La región de la Patagonia.
·El departamento de Malargüe.
·Las localidades incorporadas recientemente bajo la ampliación de la Ley 27.637.
Con este cambio de mando, el Palacio de Hacienda tendrá la última palabra sobre el volumen de recursos disponibles para sostener estas tarifas diferenciales, ajustándolos según las necesidades de financiamiento del sistema y el equilibrio de las cuentas públicas.
