Una de las firmas con mayor trayectoria en el sector textil del interior del país busca oxígeno en los tribunales para garantizar su continuidad operativa. Texilo SA, una compañía con casi ocho décadas de historia en la fabricación de insumos clave como hilados, sogas y lonas, formalizó el pedido de apertura de su concurso preventivo. La decisión se tomó tras consolidar un pasivo que supera los $2.500 millones, asfixiada por una combinación de caída en las ventas, costos en alza y un severo ahogo financiero y fiscal.
Ubicada en Barrio Caima (Desvío Arijón, Santa Fe), la planta industrial sostiene actualmente 24 empleos directos. A través del proceso judicial, la conducción de la firma busca reestructurar sus compromisos y evitar el desmantelamiento de una unidad productiva que, según argumentan, sigue siendo viable y cuenta con mercado para sus productos comerciales bajo las marcas Texilo, Hilos Parval y Caima.
Radiografía del colapso: costos en alza y balances en rojo
La presentación judicial detalla los factores macroeconómicos y operativos que arrastraron a la histórica pyme a la cesación de pagos, un bache que se profundizó entre fines de 2025 y los primeros meses de 2026:
·Brecha operativa: La fábrica comenzó a operar muy por debajo de su potencial de producción. En el último ejercicio analizado, las ventas netas sumaron $637,9 millones, pero no lograron cubrir un costo de comercialización de $940 millones, lo que dejó un déficit bruto de $302 millones.
·Encarecimiento de insumos: A pesar de una menor velocidad inflacionaria general, la empresa reportó subas constantes en materias primas textiles, salarios y tarifas eléctricas.
·El detonante fiscal: El punto de no retorno ocurrió a principios de 2026. Al no poder afrontar cuotas vencidas de planes de pago con la AFIP/ARCA por casi $99 millones entre enero y febrero, la firma quedó imposibilitada de refinanciar su deuda fiscal, la cual ya acumula cerca de $750 millones.
A este escenario se sumaron deudas por remuneraciones y cargas sociales que ascienden a $534,7 millones, embargos derivados de juicios laborales y un fuerte endeudamiento bancario en descubierto y préstamos que demandó incluso una inyección de $432,9 millones del patrimonio personal del presidente de la firma, Fernando Andrés González, para sostener la actividad básica.
El frente financiero y la amenaza del corte de luz
El reflejo de la crisis es evidente en los registros de la Central de Deudores del Banco Central (BCRA). Allí, Texilo SA muestra un deterioro generalizado de su calificación crediticia con diversas entidades.
Por un lado, registra compromisos en Situación 2 (seguimiento especial) con el Banco Supervielle por $224,8 millones y con Argenpymes SGR por $11 millones. Por el otro, la situación se vuelve más compleja al ingresar en Situación 3 (riesgo medio/problemas) con el BBVA por una deuda de $221,5 millones, con el Banco Provincia por $108,3 millones y con el Banco Macro por $53,3 millones.
A este mapa bancario se le suma otro indicador crítico de falta de liquidez en el corto plazo: la acumulación de 55 cheques rechazados por un valor que supera los $48 millones.
El freno al corte de energía: El momento más dramático de las últimas semanas se vivió cuando la Empresa Provincial de la Energía (EPE) intimó a la textil por una boleta impaga de $12 millones, bajo la advertencia de retirar el medidor y desmantelar las instalaciones. De haberse concretado, las máquinas se habrían apagado definitivamente. Sin embargo, la justicia comercial dictaminó un freno de emergencia a la medida amparándose en la Ley de Concursos y Quiebras, la cual prohíbe la interrupción de servicios esenciales por deudas previas al inicio del concurso.
Proyección de salida
A pesar del delicado panorama, el plan de contingencia presentado ante el juzgado abre una luz de esperanza. Texilo SA diseñó un flujo de fondos proyectado para el período de junio de 2026 a mayo de 2027 en el que prevé generar un superávit de $287,6 millones. Con estos fondos, la firma planifica estructurar una propuesta formal de pago para los acreedores, defendiendo la premisa de que mantener la fábrica abierta es el único camino para salvar el empleo local y garantizar que los demandantes recuperen sus créditos.
