En una decisión judicial sin precedentes que busca enviar un mensaje contundente a la sociedad, la Justicia mendocina ordenó el traslado inmediato a la penitenciaría provincial de la madre del adolescente que ingresó a clases con una réplica de arma de fuego. La medida se da en un contexto de máxima alerta nacional por la seguidilla de amenazas de tiroteos en instituciones educativas.
Agravamiento de la imputación y detención
Si bien la mujer había sido imputada inicialmente sin arresto, el fiscal Juan Manuel Sánchez decidió endurecer los cargos al considerar que la conducta de la progenitora reviste un "mayor reproche penal".
·La nueva carátula: Se la acusa de Intimidación Pública (Art. 211 del Código Penal), con el agravante de haber instigado y utilizado a un menor de edad para el hecho (Art. 41 quater).
·La pena: Bajo esta nueva calificación, la mujer enfrenta una expectativa de condena de 3 a 8 años de prisión, lo que implica una pena de cumplimiento efectivo.
·Prisión Preventiva: Debido a la gravedad del delito y la escala penal, la fiscalía ordenó su detención y alojamiento preventivo en el penal provincial.
El contexto como factor determinante
El Ministerio Público Fiscal fundamentó la detención haciendo hincapié en que, al momento del hecho, la sociedad ya se encontraba en un estado de temor y alerta generalizado por las amenazas de violencia escolar.
Las autoridades valoraron dos puntos críticos para justificar la cárcel:
1.Instigación parental: El hecho de que sea la propia madre quien indujera a su hijo a realizar una acción que generara pánico en la comunidad educativa.
2.Conocimiento del daño: La mujer no podía desconocer el impacto psicológico y el despliegue de seguridad que generaría ver un arma —aunque sea una réplica— dentro de un aula en el clima actual.
Un mensaje a la comunidad
Esta resolución judicial marca un punto de inflexión en el tratamiento de las "bromas" o actos de intimidación en las escuelas. Para la Justicia mendocina, el uso de una réplica en un entorno de sensibilidad social extrema no es un hecho menor, sino un delito que atenta directamente contra la tranquilidad pública y la seguridad de los menores.
