La Fiscalía de Estado de Neuquén radicó una denuncia penal contra la exdirectora provincial de Prestaciones y Recupero Financiero del Ministerio de Salud, luego de que una exhaustiva auditoría interna detectara un presunto desvío de fondos públicos que asciende a un total de $21.307.500. La presentación judicial tiene como objetivo determinar si las severas anomalías encontradas corresponden a desarreglos administrativos o si existió una maniobra deliberada destinada a la malversación de caudales públicos.
El informe técnico, elaborado por la Coordinación de Administración Financiera, rechazó de forma tajante las rendiciones de cuentas presentadas por la exfuncionaria en tres expedientes distintos, todos bajo la modalidad de anticipos para gastos de funcionamiento. Según explicaron los auditores, se descubrió un patrón de irregularidades que incluye la falta de autorizaciones de rangos jerárquicos superiores, la utilización del mecanismo excepcional de adelanto de fondos sin fundamentos reales y la total ausencia de documentación bancaria que acreditara los pagos a los proveedores. Además, se detectó la presentación de facturas con descripciones genéricas y la falta de remitos que probaran que los servicios fueron efectivamente prestados.
El peritaje oficial puso la lupa sobre el accionar de la imputada, quien habría concentrado de manera irregular múltiples etapas del circuito administrativo. La hipótesis principal de la acusación sostiene que la exfuncionaria intervino en la solicitud, la tramitación y la propia autorización de los pagos, anulando así los mecanismos de control interno y la división de tareas habituales del Estado provincial para dejar los recursos bajo su entera disponibilidad.
Ante la gravedad de los hallazgos, el organismo de control declaró la responsabilidad administrativa de la exdirectora y giró de inmediato las actuaciones al Tribunal de Cuentas de la provincia para determinar el perjuicio fiscal. Paralelamente, el caso quedó en manos de la Justicia penal, que investigará el recorrido de los fondos para establecer las responsabilidades punitivas correspondientes.
