El expediente judicial que investiga el femicidio de Agostina Vega sumó un testimonio de alta relevancia para reconstruir el contexto del crimen. Una exintegrante de la organización que operaba en el denominado bar "Wachitas" rompió el silencio en declaraciones a la prensa, aportando detalles precisos sobre las maniobras de facilitación de la prostitución, el expendio de estupefacientes y la presencia de menores de edad en el establecimiento. Sus declaraciones apuntaron directamente contra Soledad Andreani, una de las principales imputadas y detenidas en la causa actual.
La testigo, identificada como Carla, ratificó que su ingreso al local se produjo de manera consciente con respecto a la naturaleza de la actividad, habiendo llegado al lugar a través del contacto de una expareja. Según su declaración, Andreani le propuso incorporarse a un esquema de servicios sexuales encubiertos bajo la denominación de "salidas", el cual operaba mediante una división equitativa de los dividendos: el 50% de las ganancias quedaba en manos de la mujer que prestaba el servicio y la otra mitad era retenida por la regenteadora.
Red de estupefacientes y adulteración de bebidas
La descripción del funcionamiento interno del local expuso un escenario de extrema vulnerabilidad y conductas delictivas complejas. La testigo calificó las condiciones edilicias y sanitarias como deficientes, señalando que el ambiente estaba dominado por la música a alto volumen, la comercialización de sustancias prohibidas y un consumo descontrolado de alcohol.
Carla denunció una práctica sistemática destinada a engañar a la clientela con el fin de incrementar los consumos o anular su resistencia:
Suministro forzado: Afirmó que las empleadas tenían conocimiento de que se introducían narcóticos —específicamente cocaína— en los vasos de los clientes sin que mediara su consentimiento.
Microtráfico: Señaló de forma directa a Soledad Andreani como la encargada de la provisión y venta de las sustancias dentro del inmueble.
Explotación de menores y el perfil de los concurrentes
El tramo más grave de la declaración judicial y periodística se centró en la franja etaria de las víctimas del entramado de explotación. La denunciante aseveró que una parte sustancial de las jóvenes que desarrollaban tareas en el lugar no contaban con la mayoría de edad legal:
"Las chicas que trabajaban eran todas menores. Se aprovechaba de la situación de la gente. Todas éramos menores en ese momento, a partir de los 17 años", detalló, vinculando la permanencia de las adolescentes a situaciones de extrema precariedad y necesidad económica familiar que las obligaba a aceptar dichas condiciones. Asimismo, precisó que la imputada ejercía una selección discriminatoria basada en estándares estéticos para permitir el ingreso al circuito.
Respecto a la logística de los encuentros y el perfil de la clientela, la testigo reveló que las transacciones se concretaban en una habitación precaria situada en la planta alta del inmueble. Los usuarios habituales no pertenecían a un público juvenil, sino que se trataba de adultos de mediano y alto poder adquisitivo, descritos como "gente de plata" con vínculos de confianza con la regente de la organización.
Contabilidad clandestina y la vulnerabilidad de las clausuras
De acuerdo con el testimonio, la imputada llevaba una meticulosa administración marginal de los ingresos mediante anotaciones en cuadernos, donde registraba cada uno de los servicios y las salidas de las jóvenes implicadas, soportes que sugirió que aún podrían hallarse en las dependencias del comercio.
Finalmente, Carla expuso la ineficacia de los controles estatales previos sobre el local, explicando que el negocio sufría clausuras intermitentes por parte de los inspectores, pero que las restricciones eran sorteadas de forma sistemática:
Mecanismo de reapertura: Atribuyó la reanudación de las actividades al presunto pago de dádivas o arreglos informales.
Dinámica interna: Durante los períodos de inactividad por sellos de clausura, las trabajadoras se dispersaban temporalmente para retomar el vínculo una vez que el establecimiento volvía a abrir sus puertas.
La mujer concluyó que su decisión de presentarse ante la opinión pública y los investigadores responde a la profunda indignación colectiva generada tras el asesinato de Agostina, lamentando la inacción prolongada de las autoridades frente a un entramado delictivo que era de público conocimiento en la zona.
