El proceso judicial que investiga severos abusos y maltratos a menores en una guardería privada del barrio Cofico sumó una resolución determinante. Los tribunales ratificaron la prisión preventiva para la maestra a cargo del aula y para la máxima autoridad de la institución, quienes permanecen privadas de su libertad en el marco de una causa que genera fuerte conmoción en la comunidad.

Las actuaciones penales se encuentran bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción del Distrito III, Turno 6, liderada por Iván Rodríguez. En el expediente, la educadora afronta cargos por lesiones reiteradas agravadas por el estado de indefensión de las víctimas, mientras que la directora del establecimiento fue imputada por el encubrimiento continuo de estas conductas.
El testimonio de las familias y la detección de antecedentes

La madre que impulsó las acciones judiciales originales relató públicamente las secuelas emocionales experimentadas por su hijo, quien evidenció marcadas alteraciones conductuales antes de que saliera a la luz la situación. Los familiares explicaron que las certezas sobre la gravedad de lo que sucedía intramuros se obtuvieron de manera paulatina a medida que avanzaba la instrucción del caso.

La reactivación de la causa también permitió desarchivar un expediente penal del año 2024 que involucraba de manera directa a la misma docente. Para los denunciantes, el comportamiento violento se extendió a lo largo de varios años debido a la presunta complicidad o desatención de la dirección del jardín, que habría permitido la continuidad de la profesional en el cargo.
Una red de agresiones que afectaba a lactantes y deambuladores

Desde la representación legal de los damnificados se precisó que la fiscalía resolvió profundizar los rastreos hacia períodos anteriores, detectando un patrón sistemático de agresiones físicas y psicológicas. La gravedad del panorama radica en el rango etario de los damnificados, tratándose de niños que asisten a salas que van desde los 4 meses de vida hasta los 3 años de edad.

Los abogados de la querella valoraron la valentía de la primera denuncia, señalando que la intervención judicial oportuna logró desarticular una dinámica institucional de violencia permanente que ponía en riesgo diario la integridad de decenas de menores de edad.