La cúpula sindical argentina ha trasladado su ofensiva contra las nuevas normativas de empleo al terreno judicial. A través de una acción de amparo, la Confederación General del Trabajo (CGT) solicitó formalmente que se declare la inconstitucionalidad de la ley recientemente sancionada por el Congreso, alegando que la norma desarticula garantías fundamentales de los trabajadores.
La presentación recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 7, bajo la tutela del juez Lavié Pico. El magistrado no es un nombre nuevo en este escenario: fue quien anteriormente frenó intentos de desregulación por parte del Ejecutivo. El escrito cuenta con el respaldo total de la dirigencia gremial, llevando las firmas del triunvirato conductor y de los principales secretarios generales del país.
Los fundamentos del reclamo
Para la central obrera, la ley —aún pendiente de promulgación— representa una regresión injustificada en materia de derechos. Los pilares del reclamo judicial se resumen en tres puntos críticos:
·Violación del Artículo 14 bis: Sostienen que se vulneran derechos básicos como la estabilidad ante despidos arbitrarios, el ejercicio de la huelga y la negociación colectiva.
·Contradicción con Tratados Internacionales: La demanda advierte que la reforma choca con convenios de la OIT y el Pacto de San José de Costa Rica, los cuales tienen jerarquía constitucional en Argentina.
·Ruptura del Principio de No Regresión: La CGT argumenta que el Estado no puede legislar para quitar derechos ya adquiridos, rompiendo el "principio protectorio" que equilibra la desigualdad natural entre empleador y empleado.
Impacto en la vida cotidiana del trabajador
Más allá de los tecnicismos legales, el gremialismo denunció que la mal denominada "modernización" oculta un ajuste directo al bolsillo y a la salud de los operarios. Entre los puntos más cuestionados en el amparo se destacan:
La posibilidad de implementar turnos de hasta 12 horas, lo que implicaría la desaparición de las horas extras y una merma real en el salario.
El rechazo al nuevo Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que permitiría fraccionar los pagos por despido.
La eliminación de multas para empresas que no hayan cumplido con los aportes de seguridad social, lo que los sindicatos ven como un incentivo al incumplimiento.
"Confiamos en la objetividad del Poder Judicial para resguardar la Carta Magna", señalaron los voceros de la central tras la entrega del documento en los tribunales de la calle Talcahuano, reafirmando que la vía judicial es ahora la prioridad para frenar lo que consideran un retroceso histórico.
