Luego de una cumbre de la mesa política en Casa Rosada, el Ejecutivo Nacional oficializó el listado de proyectos que enviará al Congreso para su tratamiento en los próximos meses. La estrategia, diagramada por el círculo íntimo del oficialismo, prioriza reformas estructurales en materia penal y de recursos naturales, mientras que la reforma política quedó postergada de la agenda urgente.

El plan de acción parlamentaria se divide en tres grandes pilares que buscan alinear el marco normativo con el programa de gestión:

·Seguridad y Justicia: Se impulsará una reforma integral del Código Penal con un marcado endurecimiento de las escalas punitivas.

·Gestión del Territorio y Propiedad: El paquete incluye una revisión profunda de la Ley de Expropiaciones y la Ley de Tierras, junto con modificaciones en la Ley de Manejo del

Fuego y normativas de regularización dominial para barrios populares.

·Recursos y Educación: Se avanzará en la modificación de la Ley de Glaciares —que sería la primera en tratarse en abril—, además de cambios en las leyes de Discapacidad y de

Financiamiento Universitario, bajo la premisa de adecuarlas a las metas de equilibrio fiscal.

La definición del cronograma surgió de un encuentro encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y contó con la participación de figuras clave como el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro del Interior, Diego Santilli, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Del cónclave también participaron el asesor Santiago Caputo, la senadora Patricia Bullrich y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. Este equipo de trabajo busca coordinar los esfuerzos de La Libertad Avanza para iniciar las negociaciones con los gobernadores y los bloques aliados, pasos indispensables para garantizar el éxito de las iniciativas en ambas cámaras.

El oficialismo prevé que el debate por la Ley de Glaciares abra el calendario legislativo el mes próximo. Con este orden de prioridades, el Gobierno intenta establecer una dinámica previsible en el Congreso, evitando dispersar esfuerzos y concentrando el capital político en las reformas que considera vitales para el sostenimiento de su modelo económico y social.