En un nuevo capítulo de la disputa por los fondos para la educación pública, el Gobierno Nacional presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia. El objetivo es revertir los fallos de instancias inferiores que lo obligan a aplicar de manera inmediata la Ley de Financiamiento Universitario, una medida que, según el oficialismo, pondría en riesgo la operatividad misma de las instituciones del Estado.
El argumento del "caos institucional"
La presentación, respaldada por el Ministerio de Capital Humano y el Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, sostiene que acatar la actualización salarial y presupuestaria de la Ley 27.795 obligaría a reasignar más del 90% de los créditos disponibles para gastos primarios.
Desde la administración central advierten que este desvío de fondos derivaría en una "parálisis significativa". El escrito menciona escenarios críticos como la suspensión del patrullaje de fuerzas federales, la falta de suministros en cárceles y hasta el cese de actividades en los tribunales federales y las cámaras legislativas por falta de presupuesto.
Recusación a los magistrados
Un punto central de la estrategia oficial es el pedido de apartamiento de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El Gobierno solicita que los magistrados se excusen de intervenir debido a que poseen cargos docentes —ya sea en funciones o con licencia— en universidades públicas, argumentando que esto compromete su imparcialidad al ser "jueces y parte" en el conflicto.
Defensa del equilibrio fiscal
El Poder Ejecutivo fundamenta su postura en el Decreto 759/25, mediante el cual el presidente Javier Milei suspendió la norma educativa bajo la premisa de que no existe un respaldo de ingresos para dicho gasto. La defensa estatal subraya que las leyes de presupuesto prohíben ejecutar erogaciones sin financiamiento previsto y recalca que el fallo de la Cámara ignora el mandato de "déficit cero" establecido para el ejercicio 2026.
El recorrido del conflicto
La batalla judicial comenzó a fines de 2025, tras una masiva movilización estudiantil y el amparo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Hasta el momento, tanto el juez de primera instancia Martín Cormick como la Cámara Federal han fallado a favor de las universidades, considerando que la voluntad del Congreso al sancionar la ley debe prevalecer sobre las facultades administrativas del Ejecutivo.
Con la interposición de este recurso extraordinario, el Gobierno busca que la sola apelación suspenda la ejecución de los pagos, mientras espera que el máximo tribunal del país defina el fondo de una cuestión que mantiene en vilo al sistema educativo superior.
