El sistema de tribunales federales en Argentina atraviesa una crisis de cobertura que ya no se explica solo por procesos burocráticos, sino por una inacción política sistemática. Con más de un tercio de los despachos vacíos, el esquema de justicia nacional se sostiene hoy sobre parches administrativos y magistrados que multiplican sus funciones para evitar el cierre definitivo de juzgados estratégicos.
El "tapón" administrativo en la Casa Rosada
La parálisis no surge de la falta de candidatos, sino de la falta de firmas. Aunque el Consejo de la Magistratura ha avanzado en los procesos de selección, el Poder Ejecutivo mantiene bajo llave la resolución del conflicto:
·Vacantes críticas: De los 1.002 cargos que integran la estructura federal, 364 carecen de un titular designado.
·La inacción de Milei: Más de 200 concursos ya han superado todas las etapas de selección y solo esperan que el Presidente envíe los pliegos al Senado. Según datos del Consejo, en lo que va de su gestión no se han registrado movimientos de ternas, acumulando un "récord de firmas pendientes" durante los años 2024, 2025 y lo que va de 2026.
El Litoral: Un desierto de jueces ante el crimen organizado
Si bien el déficit es nacional, la región de la Cámara Federal de Rosario se ha convertido en el caso testigo del abandono estatal. En una zona castigada por el narcotráfico, el sistema judicial opera con la mitad de su capacidad instalada.
·Acefalía en Rosario y Santa Fe: La Cámara de Rosario funciona con solo 3 de sus 6 miembros. En la capital santafesina, los juzgados de primera instancia están totalmente vacíos.
·El agotamiento de las subrogancias: La falta de nombramientos obliga a los pocos jueces en funciones a subrogar despachos a cientos de kilómetros de distancia. Esta sobrecarga no solo retrasa los expedientes comunes, sino que degrada la calidad de las investigaciones en causas de alta complejidad, como las de trata de personas y crimen organizado.
Los factores del éxodo: Jubilaciones y descontento
A la falta de ingresos se suma una salida acelerada de magistrados. La incertidumbre sobre la Reforma Previsional —que amenaza con eliminar el beneficio del 82% móvil— ha provocado que muchos jueces opten por el retiro inmediato. Asimismo, la ley de Modernización Laboral y el traspaso de fueros a la Ciudad de Buenos Aires han generado una ola de renuncias de jueces que rechazan la pérdida de su estatus federal.
Ruina edilicia y una Corte incompleta
El problema humano se complementa con el material. La infraestructura es calificada como "deplorable", con sedes bancarias adaptadas a tribunales y proyectos de polos judiciales (como el de Refinería) que siguen siendo promesas de papel.
Finalmente, el conflicto escala hasta la cúspide del sistema. Con una Corte Suprema reducida a solo tres integrantes, la celeridad del máximo tribunal está comprometida. Frente a una población de 47 millones de habitantes, la comparativa internacional es desoladora: mientras Argentina intenta funcionar con tres jueces, países como México o Estados Unidos operan con nueve, y vecinos como Chile cuentan con 21 ministros para garantizar la revisión de causas.
