Una profunda crisis institucional sacude al ámbito educativo tras la aprobación de la resolución 220/26, la cual introduce el concepto de "Neuquinidad" en el escalafón profesional.

Esta normativa, impulsada por el Ejecutivo y avalada por el Consejo Provincial de Educación, pretende otorgar beneficios adicionales a aquellos educadores que se hayan graduado en instituciones con sede física en la provincia.
Aunque el discurso oficial presenta la medida como una herramienta para jerarquizar la formación local y fortalecer el sentido de pertenencia, la organización sindical ATEN ha salido al cruce con una denuncia contundente, calificando la iniciativa como una maniobra ética y legalmente cuestionable.

El núcleo del conflicto reside en lo que el gremio describe como una "autoasignación" de privilegios por parte de las autoridades educativas.

Según el planteo sindical, la letra chica de la norma permite que los funcionarios políticos del Consejo sumen puntaje por el ejercicio de sus propios cargos de manera retroactiva y sin un tope máximo de acumulación.

Los cálculos realizados por el sindicato advierten que un funcionario podría obtener una ventaja equivalente a casi medio siglo de labor frente al aula, lo que generaría una desigualdad insalvable frente a los docentes que desempeñan tareas cotidianas en las escuelas.

Además, ATEN cuestiona la legitimidad del proceso de votación, señalando que se recurrió a mecanismos excepcionales para forzar la aprobación de una regla que consideran hecha a medida de quienes la redactaron.

Desde la perspectiva gremial, el argumento de la identidad local es apenas una fachada para ocultar beneficios desproporcionados.

Sostienen que el título docente ya contempla la trayectoria educativa previa, por lo que sumar puntos extra por haber estudiado en la región resulta redundante y técnicamente improcedente.

Esta disputa surge en un escenario donde la estabilidad salarial parece garantizada por acuerdos vinculados a la inflación, pero donde la competencia por ascensos y titularizaciones se vuelve feroz.

Para los representantes de los trabajadores, el uso de la función pública para obtener ventajas en la carrera profesional permanente rompe con cualquier principio de ética docente y transparencia institucional, transformando un supuesto reconocimiento a la formación local en un esquema de privilegios políticos.