Un complejo escenario laboral coexiste con los primeros síntomas de recuperación macroeconómica en la Argentina. Según el último relevamiento elaborado por el Observatorio de Economía de Industriales Pymes Argentinos (IPA), el crecimiento de la actividad no está logrando trasladarse a la creación de puestos de trabajo.

De mantenerse las actuales variables de mercado, la entidad proyecta que el país podría cerrar el año 2026 con una destrucción neta cercana al medio millón de empleos registrados.

El informe detalla una marcada disociación entre los niveles de producción y la demanda de mano de obra. Durante el mes de marzo, la actividad económica exhibió un incremento interanual del 5,5% y una mejora desestacionalizada del 3,5% respecto a febrero. No obstante, basándose en registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), IPA constató que desde diciembre de 2023 ya se extinguieron alrededor de 364.000 puestos formales, una dinámica contractiva que amenaza con profundizarse si no se dinamiza el consumo interno.

Las asimetrías también se evidencian al analizar el comportamiento por ramas de actividad. Los sectores más golpeados por la ola de despidos corresponden a la industria manufacturera, el comercio —tanto mayorista como minorista— y la administración pública. En la vereda opuesta, los únicos rubros que lograron sostener variaciones positivas, aunque con márgenes muy moderados, fueron la refinación de petróleo, la producción de alimentos y bebidas, y la industria química.

La fragilidad del tejido productivo se refleja con igual crudeza en la tasa de mortalidad empresarial. El observatorio denunció que entre diciembre de 2023 y febrero de 2026 cesaron sus operaciones más de 24.000 firmas en todo el territorio nacional. Las proyecciones de la entidad pyme indican que, de no mediar estímulos productivos, otras 15.000 compañías podrían bajar sus persianas antes de que concluya el período fiscal, consolidando una pérdida de 40.000 empresas desde el inicio de la actual administración.

Como correlato de esta parálisis, el primer trimestre judicial de 2026 ya registró 92 concursos preventivos, una cifra alarmante si se tiene en cuenta que en todo el año 2023 se habían contabilizado 82 procesos y durante 2025 la cifra totalizó 190 casos. Ante este panorama, las cámaras industriales aceleran las gestiones en el Congreso para impulsar una Ley de Emergencia Pyme que otorgue alivio financiero, herramientas transitorias para evitar quiebras y un acceso preferencial al capital de trabajo.