La justicia de Neuquén investiga a un traumatólogo infantil y un anestesista por un presunto fraude de $20 millones contra la obra social de los petroleros (OSPEPRI). La denuncia, presentada por el Sindicato de Petróleo y Gas Privado, sostiene que los médicos facturaron "cirugías fantasma" a pacientes pediátricos, intervenciones que nunca se realizaron.
La fiscalía, a cargo de Valeria Panozzo, confirmó que la obra social fue "defraudada económicamente por pagos indebidos" a los profesionales. Según la acusación, los médicos cobraban por operaciones que se limitaban a consultas de consultorio o incluso se hacían en hospitales públicos, sin que los pacientes lo supieran.
Irregularidades descubiertas en la auditoría
Los informes de auditoría revelaron un patrón alarmante de anomalías en la facturación y los registros médicos:
·Cirugías con tiempos imposibles: Se facturaron operaciones urgentes que, según los registros, se realizaron en menos de una hora, un lapso de tiempo inviable para procedimientos tan complejos.
·Ausencia de documentación: No se encontraron registros de internación, partes de anestesia, ni evaluaciones pre o postoperatorias, elementos indispensables para cualquier cirugía.
·Inconsistencias y duplicaciones: Se hallaron facturas con códigos médicos duplicados o que no tenían relación con las patologías de los niños. Un caso reveló que se facturaron procedimientos de odontología a una paciente con una lesión de rodilla.
Casos que exponen la gravedad de la estafa
Uno de los casos más notorios es el de una niña de 3 años, a la que supuestamente se le hicieron cinco cirugías en una hora. Los registros señalan que fue dada de alta una hora después de la supuesta intervención, sin ningún tipo de seguimiento. Para aumentar las sospechas, la niña tenía una consulta con otro especialista el mismo día, un hecho que no se relaciona con las operaciones declaradas.
Las irregularidades sugieren dos escenarios: un fraude administrativo para obtener un beneficio económico o una grave mala praxis, si es que las cirugías se realizaron sin los protocolos necesarios.
En ambos casos, se habría puesto en riesgo la salud de pacientes vulnerables.
