El fiscal Pablo Socca acusó formalmente a los efectivos por la tentativa de homicidio de un ciudadano de 42 años en barrio Parque Casas. El peritaje de bomberos echó por tierra la versión oficial de un accidente y se revelaron brutales amenazas a los testigos.

Un gravísimo caso de corrupción y violencia policial sumó capítulos decisivos en los tribunales este martes. El fiscal Pablo Socca, perteneciente a la unidad de Violencia y Corrupción Institucional, formuló cargos contra diez agentes de la Policía de Acción Táctica (PAT) que participaron en un procedimiento irregular ocurrido el 27 de mayo de 2024 en un domicilio ubicado en el fondo de un pasillo en Larrechea al 1900. La víctima del ataque, identificada como R. A. A., sobrevivió tras pasar 40 días en terapia intensiva, pero arrastra secuelas físicas irreversibles.

De acuerdo con la resolución dictada por el magistrado Rafael Coria, nueve de los implicados quedaron bajo prisión preventiva efectiva por el plazo de ley. La única excepción fue la agente María Eugenia N., a quien se le concedió el arresto domiciliario hasta mediados de agosto. Entre los acusados se encuentra Jesús Ángel Balais, quien ya cumple una pena de 7 años de prisión por otro allanamiento clandestino calificado por torturas y robo cometido en agosto de 2024.

El desmoronamiento de la coartada oficial

La versión asentada por los uniformados en las actas policiales sostenía que R. A. A. se había quemado a sí mismo de forma accidental al intentar destruir una mochila que contenía dosis de cocaína mientras intentaba escapar. Sin embargo, la investigación judicial desmanteló esta coartada gracias a un peritaje clave de los Bomberos Zapadores, el cual determinó que la supuesta mochila secuestrada como evidencia no presentaba daño alguno ni signos de haber estado expuesta al fuego.

La reconstrucción fiscal determinó que el oficial David Pedro Zeballos fue quien le arrojó alcohol en el rostro a la víctima para luego iniciar el foco ígneo con un encendedor. Desesperado por las llamas, el hombre corrió por el inmueble hasta el cuarto de baño, donde intentó sofocar el fuego utilizando el agua con orina del inodoro. Como consecuencia del ataque, sufrió quemaduras críticas en el tórax, la cara, el cuello, los brazos y las manos, lo que derivó en una traqueotomía, asistencia respiratoria mecánica y la pérdida total e irreversible del habla.

Intimidaciones, encubrimiento y mensajes de WhatsApp

La fiscalía sumó cargos por amenazas y falsificación de documento público debido al accionar posterior de los agentes. Según la imputación, los policías David Zeballos y Omar Lorenzo Cabral intimidaron a los otros tres civiles que habían sido demorados en el lugar para obligarlos a respaldar la versión del accidente:

“Fíjense lo que dicen. Yo soy re sicario, yo robo, los mato a ustedes. Soy más sicario que cualquiera de acá. ¿Saben por qué? Porque yo soy policía y hago lo que quiero. Ustedes acuérdense lo que van a decir. Tienen que decir que el otro muchacho se prendió fuego porque ya sé dónde viven”, les advirtieron.

Posteriormente, el 26 de junio de 2024, Zeballos, Cabral y Juan José Feliciano González incurrieron en el delito de falso testimonio al ratificar la versión falsa ante el Ministerio Público de la Acusación.

El avance de la causa también se sustentó en el peritaje de las comunicaciones internas de la tropa. En un grupo de WhatsApp, el agente Maximiliano Ortiz admitió el hecho pocas horas después del operativo al escribir: “Se la re mandaron. Quemadura de segundo grado. Está en estado crítico el caco (sic)”. Ante la pregunta de María Eugenia N. sobre si "Z" había sido el autor, Ortiz contestó de forma afirmativa. Días más tarde, el mismo efectivo mostró preocupación al enterarse de que la víctima había despertado y negaba haberse autolesionado: “Yo ya estoy sufriendo, me subió la presión”.

La distribución de las responsabilidades penales

El fiscal Socca discriminó los roles de los diez procesados de la siguiente manera de acuerdo a su participación en el hecho:

Autor directo: David Pedro Zeballos fue imputado por tentativa de homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por mediar abuso de su función policial.

Partícipes primarios: Omar Lorenzo Cabral, Juan José Feliciano González, Maximiliano Ortiz, Jesús Ángel Balais y Maximiliano Nicolás Cuevas fueron considerados coautores indispensables en la maniobra de la tentativa de homicidio.

Encubrimiento agravado: Germán Alexis Narvaja, Isaías Esteban Basualdo y Estela Ailén Berón, quienes arribaron a la escena con posterioridad al ataque pero omitieron denunciar los delitos de sus compañeros, fueron acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de persecución penal.