El proceso comenzará este jueves en la Ciudad Judicial y se extenderá hasta principios de julio. La fiscalía y la querella presentarán cerca de 40 testimonios contra el imputado, quien fue declarado apto para afrontar el debate tras una serie de peritajes médicos.

El Poder Judicial de la provincia de Neuquén completó un paso administrativo crucial para el inicio de un debate de alta gravedad institucional. Tras el desarrollo de una audiencia de selección en las dependencias de la Ciudad Judicial, se constituyó formalmente el tribunal ciudadano que resolverá la situación procesal de un hombre imputado por la presunta comisión de delitos contra la integridad sexual y corrupción de menores en perjuicio de una integrante de su propio grupo familiar durante un lapso de 19 años.

Cumpliendo con los parámetros que fija el Código Procesal Penal, el jurado quedó compuesto por un total de 12 miembros titulares y 4 integrantes suplentes, garantizando una distribución con paridad de género. El juicio propiamente dicho se llevará a cabo entre el 18 de junio y el 2 de julio de 2026, contando con la conducción técnica del magistrado Marco Lupica Cristo.
Testigos, acusación y las locaciones de los hechos

La estrategia de la acusación pública estará coordinada por el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid y la asistente letrada Cecilia Sabatte. En forma conjunta con el abogado particular Carlos Caroselli —quien ejerce el rol de querellante en representación de la víctima—, el Ministerio Público Fiscal (MPF) prevé la comparecencia de aproximadamente 40 testigos a lo largo de las jornadas de debate. Por razones normativas ligadas a la preservación del anonimato y resguardo de la persona afectada, las autoridades mantienen en reserva el nombre completo del acusado, identificándolo únicamente por sus iniciales: J.R..

De acuerdo con la plataforma fáctica construida por los investigadores, las agresiones sexuales se iniciaron cuando la víctima era apenas una niña y se prolongaron de forma sistemática hasta su adultez. Las acciones delictivas se perpetraron de manera principal en el domicilio residencial donde ambos convivieron hasta el año 2020. No obstante, el expediente detalla que el imputado también se valió de otros espacios para consumar los ataques, tales como oficinas comerciales pertenecientes a sus empresas, habitaciones de hoteles durante la realización de viajes y el habitáculo de un camión de cargas destinado al movimiento de mercaderías.
Calificación penal y el rechazo a un planteo de salud

Por la naturaleza y reiteración de las conductas, a J.R. se lo acusa en calidad de autor del delito de:

Abuso sexual con acceso carnal de carácter continuado.

Agravado por el daño ocasionado en la salud mental y física de la víctima.

Agravado por detentar la condición de encargado de la guarda de la menor.

Agravado por haberse cometido contra una persona menor de 18 años mediante el aprovechamiento de una convivencia preexistente (esta última tipificación aplicada hasta que la damnificada cumplió la mayoría de edad).

Todo ello en concurso ideal con el delito de corrupción de menores continuada.

En los momentos previos a la conformación del tribunal popular, los abogados defensores de J.R. intentaron frenar la realización de las audiencias argumentando que su representado sufría una afección de salud que lo inhabilitaba para formar parte del juicio. Frente a este planteo, la fiscalía solicitó la concreción de diversos exámenes clínicos y evaluaciones médicas exhaustivas. En base a los dictámenes de los profesionales, el juez de garantías Juan Manuel Kees desestimó la postura de la defensa, ratificando que el procesado reúne las condiciones psicofísicas indispensables y declarándolo plenamente apto para comparecer en el banquillo de los acusados.