La Justicia provincial avanzó contra el microtráfico en dos causas independientes que incluyeron operativos en la capital neuquina y en Rincón de los Sauces. Los procedimientos forman parte del plan estratégico local que transfirió la competencia de estos delitos a la órbita de la provincia.

NEUQUÉN.– El Ministerio Público Fiscal dio un paso clave en el combate al comercio minorista de sustancias ilegales al formular cargos contra siete sospechosos. Las imputaciones se derivan de dos investigaciones paralelas que culminaron en allanamientos simultáneos, coordinados por la fiscal de caso Silvia Moreira y el asistente letrado Pablo Jávega, con el apoyo operativo del departamento Antinarcóticos de la Policía provincial.
Red familiar en la capital neuquina

La primera de las pesquisas puso bajo la lupa una vivienda situada en el barrio Gastronómico de la ciudad de Neuquén. Allí, la fiscalía acusó formalmente a los hermanos E.O.Z. y F.G.Z. de operar una boca de expendio de estupefacientes en carácter de coautores.

La hipótesis del caso sostiene que:

Los investigados concretaron al menos una veintena de transacciones ilícitas entre el 21 de mayo y el 19 de junio del corriente año.

Las maniobras comerciales se registraban prioritariamente en horarios vespertinos.

Para el cobro de la mercadería, los sospechosos aceptaban tanto dinero en efectivo como transferencias digitales a través de billeteras virtuales.

Durante la irrupción policial concretada el pasado viernes por la noche, las fuerzas de seguridad incautaron 9 gramos de clorhidrato de cocaína, tres ejemplares de cannabis sativa, cogollos, elementos de estiramiento, balanzas electrónicas, bolsas de nylon y 265 mil pesos en efectivo.

Ante este escenario, el juez de garantías Lucas Yancarelli dictó medidas cautelares diferenciadas: para E.O.Z. determinó el arresto domiciliario por cuatro meses con tobillera electrónica y controles sorpresivos, mientras que F.G.Z. quedó en libertad con la prohibición de acercarse a la vivienda y la obligación de presentarse dos veces por semana ante las autoridades. El magistrado ordenó, además, el congelamiento y embargo de todas sus cuentas bancarias y plataformas virtuales de pago.
Organización desmantelada en Rincón de los Sauces

La segunda causa penal desarticuló una banda dedicada a la distribución y fraccionamiento a escala local en la localidad de Rincón de los Sauces. En este expediente, cinco personas fueron puestas a disposición de la Justicia.

La acusación distribuyó responsabilidades de acuerdo con el rol que cada sospechoso ocupaba en la red delictiva:

Liderazgo: M.D.B. y M.B.B. fueron señalados como las cabezas de la estructura, encargados del control general de la actividad. Se les imputó el delito de comercio de estupefacientes agravado por el concurso de tres o más personas y por operar en la proximidad de escuelas y centros de salud. A M.D.B. se le sumaron cargos por encubrimiento y tenencia ilegal de arma de fuego.

Operatividad: C.A.L., T.M.L. y N.S.M. recibieron cargos bajo la figura de partícipes secundarios, acusados de encargarse de la fragmentación, el traslado y la venta directa al consumidor.

El juez de garantías Juan Pablo Encina validó la acusación y otorgó un plazo de cuatro meses para el cierre de la etapa preparatoria. A la par de dictar restricciones preventivas para los involucrados, el magistrado dispuso el bloqueo patrimonial de sus cuentas y la clausura judicial por un cuatrimestre de una propiedad ubicada sobre la calle Buenos Aires de dicha localidad, sindicada como el búnker central de transacciones.
Contexto del Plan Estratégico contra el Microtráfico

Estas acciones se enmarcan en las directrices de la política de seguridad coordinada entre el Ministerio de Seguridad (conducido por Matías Nicolini), la Jefatura de Policía (bajo el mando del comisario general Tomás Díaz Pérez) y el Ministerio Público Fiscal (liderado por José Gerez).

El programa punitivo fue implementado en febrero de 2025 bajo la administración del gobernador Rolando Figueroa, luego de la sanción de la ley provincial que desfederalizó la persecución penal de los delitos de drogas de menor escala, trasladando la órbita de las investigaciones al fuero judicial neuquino.