La reciente decisión del presidente Javier Milei de avanzar con restricciones al derecho a huelga ha encendido las alarmas en las principales centrales sindicales del país, que ya alistan una contundente ofensiva legal para frenar el Decreto 340/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial. El Gobierno, a través de una controvertida maniobra, ha introducido modificaciones a la Ley de Régimen Laboral N° 25.877, ampliando significativamente la cantidad de actividades consideradas esenciales y estableciendo exigencias de cobertura mínima del 50% y hasta el 75% de los servicios durante medidas de fuerza.

Para la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), esta acción representa un intento encubierto de restringir derechos laborales fundamentales garantizados por la Constitución Nacional y diversas normas internacionales.
Ofensiva Legal en Marcha: Inconstitucionalidad y Tratados Internacionales

Desde la CGT, sus equipos legales ya están trabajando en una presentación judicial para impugnar la medida por inconstitucional. En un comunicado difundido poco después de conocerse el decreto, la central sindical advirtió que recurrirá a la Justicia para proteger el derecho a la protesta, al que consideran un pilar del sistema democrático.
La estrategia legal es un frente común que involucra también a las dos CTA y a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Según trascendió de fuentes gremiales, se busca presentar una acción conjunta en el fuero laboral argumentando que la nueva norma contradice no solo la Carta Magna, sino también convenios internacionales clave como el número 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este convenio protege el derecho a huelga y limita su restricción solo a servicios que afecten directamente la vida, la salud o la seguridad de las personas, una definición que el DNU 340/2025 parece exceder ampliamente.

Entre los abogados que intervienen en esta crucial batalla legal se encuentra Pablo Topet, quien ya litigó con éxito contra el capítulo laboral del polémico DNU 70/2023, cuya suspensión por la Cámara Nacional del Trabajo se encuentra actualmente en manos de la Corte Suprema.

Rechazo contundente

La reacción de los referentes sindicales no se hizo esperar. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, declaró de manera contundente que el decreto “nace sin viabilidad jurídica” y adelantó que su organización “no lo acatará”, sentando las bases para un posible escenario de desobediencia civil.

Por su parte, Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, confirmó su participación en la ofensiva judicial. A su juicio, el decreto es inconstitucional tanto por su contenido como por su forma de implementación, al tratarse de una reglamentación excesiva de un derecho humano básico por vía de un decreto presidencial, eludiendo el necesario debate parlamentario.

El contenido del Decreto 340/2025 guarda notorias similitudes con el ya cuestionado capítulo laboral del DNU 70/2023, que fue suspendido por la Cámara Nacional del Trabajo tras una presentación impulsada precisamente por la CGT. Aunque esa resolución fue apelada por el Estado y aún se aguarda una definición de la Corte Suprema, este nuevo intento del Gobierno reaviva un conflicto legal y político que promete volver a enfrentar al Ejecutivo con el movimiento obrero no solo en los tribunales, sino también en el plano de la protesta social. Las centrales sindicales han advertido que darán "las batallas que tengan que dar, sean en los tribunales, en la calle o en los puestos de trabajo" para garantizar los derechos laborales.