El gobierno argentino ha presentado un escrito formal ante la justicia de Estados Unidos solicitando la suspensión de la transferencia del 51% de las acciones de YPF. Esta medida busca evitar que dichas acciones pasen a manos de los fondos Burford Capital y Eton Park, quienes reclaman más de 16.000 millones de dólares por la nacionalización de la petrolera en 2012. La petición fue elevada a la jueza Loretta Preska del Tribunal del Distrito Sur de Manhattan.
Argumentos de la defensa argentina
El Ejecutivo argentino ha solicitado también una suspensión provisoria (interim stay) mientras la Cámara de Apelaciones de Nueva York evalúa la posibilidad de otorgar una protección formal mayor. Según el escrito, la entrega de las acciones "implicaría un daño irreparable" para Argentina, y los abogados advierten que "no se puede poner al genio de vuelta en la botella". Argumentan que, si los demandantes tomaran control del paquete accionario y lo vendieran, el daño sería irreversible, incluso si Argentina ganara la apelación.
La Casa Rosada sostiene que no se puede ejecutar una sentencia parcial cuando el fallo de fondo aún no ha sido revisado por un tribunal superior. En esta línea, la administración de Javier Milei argumenta que la magistrada se excedió en su jurisdicción al ordenar la entrega de activos argentinos. Los abogados del Gobierno nacional enfatizaron que "esto no es un juicio comercial entre dos empresas, es un caso que involucra a un Estado soberano y su ordenamiento legal interno".
Defensa de YPF como activo estratégico
Los abogados también argumentaron que YPF es la principal empresa energética del país, emplea a más de 23.000 personas y su control está garantizado por ley. La Ley 26.741 exige que el Estado conserve una participación mayoritaria, y cualquier movimiento accionario debe ser autorizado por el Congreso Nacional con una mayoría agravada.
Estrategia del gobierno: sin garantías financieras y negociaciones congeladas
El Ejecutivo no ofreció garantías financieras, como un bono o activos, para frenar la ejecución. Desde la Casa Rosada aseguran que "no piensan ceder el control de YPF ni iniciar ningún pago, y que las acciones no pueden ser vendidas sin una ley del Congreso". El planteo del Gobierno nacional busca ganar tiempo y evitar que los fondos litigantes avancen con embargos sobre activos estratégicos en el exterior.
El Gobierno nacional apunta a discutir el cálculo económico del fallo, ya que los equipos técnicos del oficialismo creen que la fecha utilizada para valorar las acciones, el tipo de cambio y el precio de mercado pueden alterar significativamente el monto final. Por el momento, se descarta cualquier tipo de arreglo extrajudicial, asegurando que "las negociaciones están congeladas. Esto se va a definir en la Cámara". Hubo simulacros de audiencia en febrero, y la audiencia pública ante el Segundo Circuito se espera para septiembre.
Próximos pasos y postura oficial
La decisión ahora recae en la jueza Preska, quien podría responder en los próximos días. En Nación sostienen que "acudirán directamente al Segundo Circuito para solicitar la suspensión de la ejecución por vía de urgencia si la jueza niega el pedido". El proceso de apelación se está demorando por las complejidades de la causa, pero será presentada antes de los 14 días hábiles que dispuso la jueza. En el tema trabajan la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzaba Murphy, y el procurador General de la Nación, Eduardo Casal.
La Casa Rosada busca evitar embargos, argumentando que forzar la entrega de acciones ahora sería "mover los límites de lo aceptable en derecho internacional". Insisten en que la sentencia aún no está firme, y Argentina tiene argumentos sustanciales para revertirla en segunda instancia. Nación mantiene la postura de que la orden judicial excede la jurisdicción de los tribunales estadounidenses, ya que las acciones están registradas en la Caja de Valores de Buenos Aires y su cesión, incluso por orden judicial extranjera, choca con la legislación local vigente.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, respaldó esta postura en su cuenta de X, afirmando: "La sentencia que ordena entregar acciones de YPF es jurídicamente inaplicable: contradice la Ley 26.741, que exige autorización del Congreso por mayoría agravada y desconoce la inmunidad soberana. Las acciones no están en poder del Estado ni son legalmente transferibles".
