La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) ha destapado una alarmante situación en los registros de comedores y merenderos del ex Ministerio de Desarrollo Social. Miguel Carlos Blanco, titular de la SIGEN, reveló que de 54.613 inscripciones, el 87% estaban duplicadas, y un sorprendente 38.000 comedores nunca fueron auditados físicamente. "Solo el 3% fueron validados físicamente", advirtió Blanco en Radio Rivadavia, señalando la magnitud de las irregularidades.
Blanco explicó que esta primera etapa de control se centró en el sistema RENACOM, la base digital de registro. Descubrieron que "muchos formularios estaban incompletos, con datos nulos, direcciones inexistentes o campos vacíos". El sistema, según el titular de la SIGEN, permitía "inconsistencias sin validación" y carecía de "control de integridad", lo que indica un diseño deficiente de la propia base de datos. Una muestra aleatoria de visitas confirmó la existencia de establecimientos inexistentes o que no cumplían con lo declarado.
Consultado sobre si estos lugares recibieron fondos, Blanco fue contundente: "La parte física y financiera aún no fue auditada. Eso es materia de la segunda etapa. Pero es evidente que no se controlaba a quién se le giraba dinero ni qué hacían con él". Con crudeza, agregó que "la falta de control es el terreno fértil para la corrupción", un patrón que, según él, se repite en todos los organismos que auditan.
El titular de la SIGEN también destacó un problema estructural en la administración anterior: la ausencia de "rendición de cuentas" y "evaluación de impacto de los programas". Todo giraba "en torno al anuncio político, sin importar si los objetivos se cumplían o no". La auditoría se demoró más de un año debido a los constantes cambios en la conducción del área, lo que dificultó el acceso a la información clave.
En otro punto de la entrevista, Miguel Blanco se refirió al conflicto con la Universidad de Buenos Aires (UBA), la única universidad nacional que se niega a ser auditada por la SIGEN y que incluso judicializó el caso. Blanco fue claro: "La autonomía universitaria no implica no rendir cuentas. Las universidades nacionales manejan fondos públicos, por eso deben ser auditadas". Recordó que hasta 2022, la SIGEN auditaba a la UBA sin inconvenientes, y que fue un dictamen posterior lo que generó el cambio.
Actualmente, la SIGEN mantiene un litigio judicial con la UBA, aunque Blanco resaltó la colaboración de otras instituciones educativas. "Ya firmamos convenios con varias universidades del país y comenzamos los trabajos de revisión. La Universidad de La Matanza, la del Nordeste y otras están siendo auditadas normalmente", afirmó. La reciente carga de datos de la UBA en el sistema CINTRARED, un registro de la Secretaría de Educación para la rendición de fondos, es vista como un "primer paso hacia la normalización".
Blanco concluyó enfatizando la necesidad de "volver a una lógica básica de administración: saber quién recibe fondos públicos, para qué y con qué resultados. Eso no es persecución, es sentido común".
