En un giro inesperado, el fiscal general de la Cámara Federal de Casación, Mario Villar, retiró hoy su solicitud para que la expresidenta Cristina Kirchner cumpla en una cárcel la condena de seis años de prisión en el caso Vialidad. La decisión se conoció minutos antes del inicio de una audiencia clave en la que se debatiría la cuestión.
Divergencia fiscal y continuidad de la prisión domiciliaria
Fuentes judiciales informaron a Infobae que Villar no compartió el criterio de sus colegas, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes habían apelado la prisión domiciliaria de la exmandataria con el objetivo de que fuera revocada y que Kirchner fuera trasladada a una prisión común.
Esta nueva postura asegura la continuidad de Cristina Kirchner en prisión domiciliaria, ya que la Cámara de Casación no tendrá ya la posibilidad de analizar la detención en una cárcel. No obstante, Villar sí mantuvo el pedido para que la expresidenta cambie su domicilio de detención actual.
Audiencia clave y plazos para la resolución
Los planteos serán analizados en una audiencia convocada para este mediodía por la Cámara de Casación, donde expondrán los abogados de la expresidenta, Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, junto al fiscal Villar.
Tras la audiencia, los jueces de Casación Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroeteveña quedarán en condiciones de resolver. Si bien tienen un plazo de cinco días hábiles para tomar una decisión, se espera que lo hagan esta misma semana.
Prisión domiciliaria: seguridad, edad y reglas establecidas
El Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py había otorgado la prisión domiciliaria a Cristina Kirchner el pasado 17 de junio, a pedido de la expresidenta, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmara su condena.
Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso justificaron la medida por cuestiones de seguridad y por la edad de Kirchner, 72 años. Explicaron que, debido al intento de homicidio que sufrió en septiembre de 2022, su detención en una cárcel implicaría medidas de seguridad especiales que la llevarían a un aislamiento indefinido, lo cual no es propio de un régimen de ejecución de condena.
De esta manera, se dispuso la prisión domiciliaria en su departamento de la calle San José 1.111, en el barrio porteño de Monserrat. La medida incluye el uso de una tobillera electrónica para controlar que no salga del domicilio, la abstención de comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario, y un régimen de visitas preestablecido. Mientras familiares, médicos, custodios y abogados pueden visitarla sin pedir autorización (previa presentación de un listado de nombres), cualquier otra persona debe solicitar permiso a la justicia, como ocurrió el jueves pasado con la visita del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.
