Una agente de la administración pública provincial fue cesanteada de su cargo por ausencias continuas y discontinuas injustificadas durante gran parte del año 2023, y ahora deberá restituir las sumas de dinero cobradas indebidamente.

El proceso administrativo contra Torres comenzó el 24 de noviembre de 2023, cuando se ordenó instruir un sumario por sus inasistencias en febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre y octubre de ese año. Aunque la agente se presentó a su declaración indagatoria, se negó a declarar, haciendo uso de su derecho.

Tras evaluar las pruebas, el 27 de febrero de 2024, los auditores presentaron cargos y la consideraron responsable de la inconducta. Posteriormente, el 9 de agosto de 2024, la Junta de Disciplina de la Administración Pública Provincial recomendó por unanimidad aplicar la sanción de cesantía.

La Junta de Disciplina fue clara en su dictamen: "Simplemente no le correspondía cobrar los días/meses porque no los trabajó. Es decir, nunca ganó ese salario". Además, añadió que "conceptualmente no se trata de la sanción descuento de días, porque la agente no ganó ese salario, por lo que no debió percibirlo, y por ello debe restituirlo”.

Con estos fundamentos, se le impuso la cesantía a la ex agente, quien se desempeñaba en la Dirección Superior de Capacitación y Fortalecimiento de la Función Pública, dependiente de la Subsecretaría de Recursos Humanos del entonces Ministerio de Economía, Producción e Industria.

La sanción se basó en el abandono de cargo, y se ordenó el inicio de los mecanismos para recuperar los haberes percibidos indebidamente. En caso de que no sea posible recuperar ese dinero, el gobierno provincial dará intervención a la Fiscalía de Estado, ya que podría configurarse un caso de enriquecimiento sin causa en perjuicio de la administración pública provincial.