Bajo la gestión de Federico Sturzenegger, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado ha puesto en marcha un mecanismo de ajuste indirecto sobre organismos estratégicos. La táctica, que busca evitar el costo político y financiero de las indemnizaciones tradicionales, combina la oferta de retiros voluntarios con un congelamiento prolongado de los haberes, forzando así una migración del personal hacia el sector privado.

Los organismos en la mira del recorte

El plan de reestructuración apunta a una reducción masiva que afecta a instituciones clave para el desarrollo técnico, científico y de control del país. Entre los entes más afectados se encuentran:

·Sector Agroindustrial y Científico: INTA, INTI y SENASA.

·Control y Regulación: Aduana y ANMAT.

·Infraestructura: Vialidad Nacional (DNV).

El objetivo de máxima, según denuncian sectores gremiales como ATE, es el recorte de al menos mil puestos de trabajo por cada organismo en el corto plazo.

El método: Retiros voluntarios vs. Inflación

La lógica oficial se basa en que el excedente de empleados públicos frena la creación de riqueza. Para reducir la estructura, el Ejecutivo lanzó en el INTA una resolución que ofrece compensaciones de 1,5 sueldos brutos por año de servicio.

Sin embargo, desde el ámbito sindical advierten que esta "ventaja" económica es ilusoria. En entes como Vialidad Nacional, los salarios permanecen estancados desde octubre de 2024. Con una pérdida del poder adquisitivo que ronda el 50% en 17 meses, el congelamiento actúa como una presión invisible que empuja a los profesionales a abandonar sus puestos ante la imposibilidad de cubrir la canasta básica.

Impacto en la soberanía y el desarrollo

La resistencia gremial, encabezada por figuras como Graciela Aleñá (Viales) y referentes de ATE, sostiene que este desmantelamiento no es solo una cuestión presupuestaria, sino un ataque directo a la capacidad del Estado para regular y fomentar la producción.

"Un Estado minúsculo pierde la capacidad de asistir al productor en el territorio. Sin ciencia aplicada y sin controles técnicos, se resigna soberanía", alertaron desde las bases del INTA.

Mientras el Gobierno confía en que este "ajuste barato" permitirá una baja impositiva a futuro, los trabajadores denuncian un proceso de empobrecimiento inducido que busca paralizar las funciones operativas de los entes que no pudieron ser cerrados por vía legislativa o judicial el año pasado.