La relación entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y los sectores más cercanos al Poder Ejecutivo ha llegado a un punto de no retorno.
En las últimas horas, la titular del Senado formalizó una denuncia penal contra el diputado y exministro de Defensa, Luis Petri, por los delitos de calumnias e injurias, luego de que este la calificara públicamente de "golpista".
La batalla judicial en Comodoro Py
La presentación quedó radicada en el Juzgado Federal N° 2, bajo la órbita del juez Sebastián Ramos. El detonante principal fueron las acusaciones de Petri, quien a través de redes sociales y entrevistas televisivas sostuvo que la vicepresidenta conspira con la oposición para desestabilizar la gestión de Javier Milei.
Villarruel respondió no solo con la denuncia por la falsa imputación de rebelión, sino también devolviendo el golpe con acusaciones sobre la gestión de Petri en el Ministerio de Defensa.
La vicepresidenta señaló presuntas irregularidades en el manejo del IOSFA (la obra social de las fuerzas armadas), denunciando un "vaciamiento" que habría dejado sin cobertura médica a miles de familias militares.
Un clima de hostilidad creciente
Este enfrentamiento judicial es el capítulo más grave de una serie de cruces que incluyen:
·Críticas a Manuel Adorni: Villarruel se sumó recientemente a los cuestionamientos contra el Jefe de Gabinete por el uso de recursos públicos para viajes familiares, publicando mensajes irónicos sobre el cumplimiento del "ajuste a la política".
·Descalificaciones personales: La vicepresidenta ha ridiculizado la figura de Petri, aludiendo a sus apariciones públicas con uniformes (a los que llamó "cosplays") y criticando la caída del salario real en las fuerzas de seguridad durante su mandato ministerial.
·Distanciamiento de la Casa Rosada: Desde el entorno presidencial ya se habla de una ruptura "irreversible", especialmente tras las actitudes de la vicepresidenta durante la última apertura de sesiones ordinarias en el Congreso.
El trasfondo del conflicto
Mientras Petri acusa a Villarruel de "no estar a la altura de las circunstancias" y de apostar al fracaso del Gobierno, ella retruca enfocándose en la eficiencia de la gestión y en las deudas pendientes que el exministro tendría con la justicia por su paso por el Edificio Libertador.
Esta denuncia marca un hito, ya que es la primera vez que la segunda autoridad del país judicializa un conflicto con un legislador de su propio espacio político en funciones, evidenciando una fractura profunda en la cúpula de La Libertad Avanza.
