En medio de las gestiones diplomáticas por el posible arribo del papa León XIV al país, la Iglesia católica volvió a manifestar su distancia con la Casa Rosada. En esta ocasión, el obispo de Chascomús, Juan Ignacio Liébana, expuso ante la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado para cuestionar con severidad el proyecto de "Inviolabilidad de la propiedad privada" promovido por la cartera de Desregulación a cargo de Federico Sturzenegger. En representación del Episcopado, el religioso advirtió que la propuesta vulnera la soberanía alimentaria, el patrimonio territorial y la libre determinación ciudadana.
El referente eclesiástico fundamentó su postura —en sintonía con pronunciamientos previos de la Pastoral Social y de Cáritas— alertando sobre el riesgo de una desmedida concentración de tierras estratégicas en manos extranjeras. Explicó que el texto oficial flexibiliza los límites actuales para la adquisición de parcelas fronterizas o linderas a recursos hídricos vitales como glaciares y ríos. Asimismo, Liébana relativizó la promesa de prosperidad basada en capitales externos, señalando que los proyectos económicos deben evaluarse bajo la mirada de una ecología integral que asegure el bienestar social y la preservación ambiental, basándose en las directrices de la última encíclica papal.
Respecto al eje central del debate, el obispo aclaró que la Doctrina Social de la Iglesia no rechaza el derecho a la propiedad individual, sino que promueve su democratización para que deje de ser un beneficio exclusivo de sectores minoritarios. El prelado enfatizó que los bienes materiales poseen un destino universal y que la propiedad privada debe estar subordinada a la dignidad humana. En ese sentido, denunció que la normativa proyectada reduce las facultades de los distintos niveles del Estado para regular el suelo en favor del bien común y para resguardar a los habitantes en situación de vulnerabilidad ante la especulación de corporaciones nacionales o del exterior.
Hacia el cierre de su intervención, el portavoz del Episcopado puso el foco en las modificaciones regulatorias sobre los territorios arrasados por el fuego. Advirtió con preocupación que remover los plazos de veda comercial para suelos incendiados podría funcionar como un incentivo para la quema intencional de campos con fines inmobiliarios o agroproductivos. Finalmente, Liébana sentenció que mercantilizar el entorno geográfico destruye identidades culturales y lazos comunitarios, citando como ejemplo la necesidad de concebir al río Paraná como un ecosistema vivo y no como un mero canal de logística comercial.
