La organización periodística Chequeado elevó un recurso extraordinario ante el máximo tribunal del país. Exige conocer los montos, criterios y medios de comunicación beneficiados por la distribución de la publicidad oficial de la petrolera.

El debate sobre la transparencia en el manejo de fondos de las compañías con participación del Estado llegó a su instancia judicial decisiva. Tras recibir sucesivos fallos desfavorables en instancias anteriores, el medio de comunicación Chequeado recurrió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para revertir la negativa de YPF a transparentar la colocación de sus recursos publicitarios.

El eje del reclamo y los datos solicitados

La presentación judicial tiene como propósito destrabar una solicitud de acceso a la información pública que la empresa energética de bandera viene rechazando sistemáticamente. La organización busca que la compañía ponga a disposición de la ciudadanía un informe pormenorizado que contenga:

·Los parámetros y criterios técnicos aplicados para determinar a qué firmas de comunicación se les otorga publicidad.

·Las sumas de dinero específicas que se le asignaron a cada plataforma o medio de difusión.

·La forma general en que se estructuró y distribuyó dicha inversión presupuestaria.

Un debate de fondo sobre el control de las empresas estatales

Desde la entidad impulsora de la demanda recalcaron que el expediente pone de manifiesto una discusión jurídica profunda acerca de las obligaciones de transparencia que rigen sobre las sociedades comerciales donde el Estado posee la mayoría de las acciones.

Los argumentos centrales del colectivo señalan que, debido a la naturaleza pública de una porción sustancial de los capitales que gestiona YPF, existe un derecho y un interés legítimo por parte de la sociedad en auditar cómo y dónde se invierte ese dinero.

A partir de la presentación de esta última herramienta legal, el escenario queda bajo la órbita de los ministros de la Corte Suprema, quienes deberán dictaminar si dan curso al planteo y si la petrolera estatal se encuentra o no encuadrada bajo la obligación legal de suministrar la documentación requerida.