El bloque de la Democracia Cristiana presentó un proyecto de ley que crea el “Programa Provincial de Control de Precios” bajo el que se impulsarán acciones orientadas al control inflacionario, a través de la fiscalización y el monitoreo de precios.

La Dirección Provincial de Protección al Consumidor será la encargada de sancionar a los establecimientos que incumplan alguna de las disposiciones vigentes en relación a la fijación de precios. Deberá planificar y ejecutar operativos de control en cualquier establecimiento que tenga convenio en la fijación de precios, efectuados por el gobierno nacional, provincial y/o municipal. A la vez, suscribirá convenios sobre programas nacionales de control de precios y coordinará con los municipios la ejecución de operativos de controles periódicos de precios.

La propuesta contempla, además, la creación de un registro de ciudadanos y ciudadanas que deseen colaborar, a modo voluntario, en las tareas de fiscalización y control de precios.

El legislador argumenta que la emergencia sanitaria, ocasionada por la pandemia originada por el Covid-19, impactó severamente en la economía, provocando aumentos generalizados en el precio de venta de productos, fundamentalmente de alimentos. Sin embargo, en algunos casos, estos aumentos no se corresponden con las variaciones de las estructuras de costos de producción, por lo que resulta necesario un monitoreo constante y sistemático de los precios y abastecimiento de los productos de consumo.

Asimismo, retoma los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, los que reflejan una la inflación interanual del 51,4%, con una acumulación del orden del 32,3% en los primeros ocho meses del año. Explica que la división de “Alimentos y bebidas no alcohólicas” constituyó la mayor incidencia en el índice general en todo el país y el de mayor incidencia, a su vez, en la provincia, con una variación del 40% en el índice de precios al consumidor, muy por encima del resto de rubros.

Más adelante enumera una serie de medidas y normativas impulsadas por el gobierno nacional tendientes a hacer frente a la situación, y añade que “resulta necesario el trabajo mancomunado de las autoridades de todos los niveles de Gobierno en el ámbito de sus competencias, con el objeto de coordinar esfuerzos para proteger el poder adquisitivo de la población, especialmente en lo que se refiere a la seguridad alimentaria”.