A pesar de que los indicadores tradicionales como la tasa de desocupación (7.9%) y la tasa de actividad (48.2%) se mantuvieron estables en el primer trimestre de 2025 respecto al año anterior, un informe del IERAL de la Fundación Mediterránea revela un deterioro preocupante en la calidad del empleo y un crecimiento alarmante de la informalidad y la litigiosidad laboral. Según la investigación de Laura Caullo, el mercado laboral argentino está tensionado y en un proceso de regresión estructural.
La informalidad crece y el empleo formal se estanca
El análisis de IERAL subraya que la aparente estabilidad esconde una realidad dual y fragmentada:
·Aumento de la Informalidad: El empleo informal se aceleró, pasando del 40.8% del total de ocupados en 2024 al 42% en 2025.
·Estancamiento del Empleo Formal: El empleo asalariado privado registrado se mantiene estancado en 6.2 millones de trabajadores.
·Ingreso Real en Retroceso: El ingreso real de los trabajadores muestra un crecimiento muy limitado y aún no recupera los niveles previos a la actual gestión, impactando negativamente en la distribución de ingresos laborales.
Esta dinámica, según el informe, contradice las declaraciones del Gobierno y evidencia que la falta de acceso a derechos y beneficios formales se restringe a una porción cada vez menor de la fuerza laboral.
Las raíces del problema: costos de formalización y litigiosidad judicial
El IERAL atribuye la expansión de la informalidad a un entramado normativo y judicial que desalienta la formalización. Las regulaciones laborales, en muchos casos obsoletas, imponen costos elevados a la contratación formal. Además, el sistema de justicia laboral ha transformado el conflicto en una actividad lucrativa, promoviendo la litigiosidad y forzando a trabajadores y empresas a operar al margen de la ley para evitar riesgos y costos.
Riesgos del trabajo: la industria del Juicio vuelve a crecer
Un punto crítico es el sistema de riesgos del trabajo. Tras la sanción de la Ley 27.348 en 2017, que estableció un procedimiento administrativo previo a la instancia judicial para resolver desacuerdos, las demandas judiciales cayeron un 36%. Sin embargo, la aplicación parcial de la norma y la falta de implementación de mecanismos clave han diluido su eficacia.
Los juicios laborales han vuelto a incrementarse: en el primer trimestre de 2025 se notificaron 25,472 nuevas demandas, y en marzo, se acumulaban 301,735 causas sin resolver. Se estima que el año podría cerrar con alrededor de 130,000 demandas iniciadas.
El informe señala que el problema reside en el sistema pericial de los tribunales provinciales, donde los peritos médicos perciben honorarios que aumentan proporcionalmente al porcentaje de incapacidad que dictaminan. Este esquema de "incentivos perversos" convierte casos de incapacidad mínima en litigios de alto costo, alimentando una "industria del juicio" que distorsiona el sistema y encarece la contratación formal.
La solución, según el estudio, no pasa por una nueva reforma legislativa, sino por la implementación plena de la ley vigente, incluyendo la creación de cuerpos médicos forenses independientes e imparciales y la modificación de los honorarios periciales para que no se basen en el resultado del dictamen.
Impacto en la estructura productiva y desafío pendiente
La litigiosidad tiene un costo directo en la estructura productiva del país, obligando a las empresas, especialmente las PyMEs, a destinar recursos crecientes para protegerse de potenciales conflictos. Esta incertidumbre desalienta la formalización y fomenta la contratación informal. El riesgo de un juicio laboral, en muchos casos, es la diferencia entre contratar o no a un trabajador.
El informe concluye que el mercado laboral argentino enfrenta un desafío estructural. A pesar de los números agregados que pueden parecer estables, la calidad del empleo se deteriora, la informalidad avanza y la litigiosidad distorsiona los incentivos para la creación de empleo formal. Revertir esta tendencia exige la implementación efectiva de las normas existentes, una revisión de los incentivos judiciales y la construcción de un marco regulatorio que promueva la formalización y la competitividad.
