Un reciente informe del Instituto Argentina Grande (IAG) encendió las alarmas sobre el costo de vida en el país: por primera vez en años, el precio del combustible local superó ampliamente la referencia norteamericana. Mientras que en Estados Unidos el litro de nafta promedia los USD 1,05, en los surtidores argentinos el valor escala a los USD 1,42, marcando una brecha del 35% en perjuicio del bolsillo nacional.
Este fenómeno se da en un contexto de producción récord de hidrocarburos en suelo propio, pero bajo una política de "convergencia internacional" que vincula los precios internos directamente a las fluctuaciones globales.
La era del "micropricing" y el fin del Barril Criollo
Desde la asunción de la actual administración, la estrategia energética cambió de raíz. La eliminación del Barril Criollo —una herramienta que funcionaba como amortiguador ante crisis externas— dejó al consumidor local expuesto a la volatilidad de conflictos internacionales, como la actual guerra en Medio Oriente.
Los datos son contundentes:
·Aumentos récord: Desde diciembre de 2023, la nafta aumentó un 514%, superando con creces la inflación (291,9%) y la evolución de los salarios (288%).
·Impacto real: Solo en marzo, el valor de la nafta súper rompió la barrera de los $2.000 por litro, impulsado por ajustes mensuales (micropricing) para equiparar el precio del crudo internacional.
·Alivio temporal: Mediante el Decreto 217/2026, el Ejecutivo postergó hasta el 1° de mayo la actualización de los impuestos a los combustibles líquidos para evitar una presión mayor sobre la actividad económica.
El peso de los impuestos en el surtidor
Otro factor determinante en el precio final es la carga tributaria. El monto fijo que grava los combustibles creció un 118% en términos reales respecto al cierre de la gestión anterior. Hoy, los impuestos representan el 20% del precio final que paga el usuario, el doble de la incidencia que tenían hace apenas unos meses.
El dilema de la infraestructura vial
A pesar de la mayor recaudación por el Impuesto a los Combustibles, el informe del IAG y datos de la Jefatura de Gabinete señalan una fuerte subejecución en el mantenimiento de rutas:
·Fuga de fondos: De los $1,5 billones recaudados por ley para vialidad, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) solo ejecutó un 39,8% menos de lo que le correspondía por fuente directa ($920.578 millones).
·Ajuste histórico: El gasto total en obra pública vial en 2025 cayó un 72,3% real comparado con 2023, alcanzando los niveles más bajos desde la crisis de 2002.
·Riesgo vial: Esta diferencia de fondos, utilizada para sostener el superávit fiscal, se traduce en un deterioro crítico de las calzadas, falta de señalización y baches, aumentando significativamente el riesgo de accidentes fatales en las rutas nacionales y provinciales.
