La investigación, liderada por el fiscal federal Pedro Rebollo y el juez Hernán Viri, sugiere que Leonardo Airaldi —ex dirigente de la Sociedad Rural de Diamante y hoy procesado por narcotráfico— intentaba ejecutar una venganza personal desde su lugar de detención en la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú.
Puntos clave de la maniobra:
Los objetivos, eran el juez federal de Paraná, Leandro Ríos, y el fiscal de juicio, Ignacio Candioti. Se estima que Airaldi habría ofrecido US$ 40.000 a un sicario de nacionalidad uruguaya.
De acuerdo con la investigación, el ataque debía realizarse supuestamente en Uruguay, bajo la falsa creencia del acusado de que los funcionarios vacacionarían allí. La maniobra quedó al descubierto por un informante interno de la unidad penal reveló la trama, permitiendo a la Gendarmería Nacional actuar antes de que se concretara cualquier movimiento logístico.
Resultados del allanamiento
El operativo de urgencia en el pabellón de Airaldi arrojó resultados que complican aún más su situación procesal. Se secuestraron teléfonos celulares, piezas clave para reconstruir las comunicaciones con el exterior. También se hallaron anotaciones y documentación, que podría vincularlo con la logística del atentado.
Además, en las requisas se encontraron estupefacientes, lo que demuestra la permeabilidad de los controles carcelarios.
Repercusiones y seguridad
La gravedad del hecho escaló hasta la Corte Suprema de Justicia. Su presidente, Horacio Rosatti, se puso en contacto con Ríos y Candioti para coordinar el refuerzo de su custodia personal y familiar a través de fuerzas federales.
Este intento de amedrentamiento se produce a solo dos días del inicio del juicio oral (previsto para el 24 de febrero), donde Airaldi enfrenta una posible condena de 15 años de prisión. Se lo acusa de liderar una red que utilizaba su estructura como empresario rural para el acopio y distribución de drogas en la región.
El perfil de Leonardo Airaldi
Conocido anteriormente como un referente del sector agropecuario en Entre Ríos, su caída reveló una doble vida:
1.Logística rural: Habría utilizado campos y camiones propios para el movimiento de cargamentos ilícitos.
2.Nexos políticos y criminales: Su nombre ya había aparecido en causas vinculadas a la red de Daniel "Tavi" Celis, el narco que sacudió la política de Paraná hace unos años.
Este caso refuerza la advertencia realizada por el Consejo de la Magistratura sobre la situación crítica de los juzgados federales en el litoral, donde los magistrados deben enfrentar estructuras criminales con recursos de inteligencia y sicariato mientras persisten vacantes y falta de infraestructura.
