Una investigación judicial puso al descubierto una compleja trama de fraude en el ámbito educativo de Salta. Hasta el momento, 53 docentes han sido imputados por la presunta utilización de documentación apócrifa con el objetivo de escalar posiciones de manera irregular en los concursos del Ministerio de Salud provincial.

El origen de la investigación

La causa se inició el 17 de diciembre de 2025, a raíz de una denuncia presentada por la Secretaría de Gestión Educativa. Una auditoría interna fue la que encendió las alarmas al detectar cifras contundentes sobre la magnitud del engaño:

·Se identificaron 291 inscripciones respaldadas con documentos apócrifos.

·Se hallaron 286 registros que habían sido adulterados.

·El total de profesores bajo sospecha asciende a 237 personas.

Operatoria y captación vía redes sociales

De acuerdo a las pericias de la Unidad de Delitos Complejos (UDEC), la organización operaba principalmente a través de Facebook. Utilizaban perfiles con nombres como “Cursos Educar” o el seudónimo “Ana Guzmán” para ofrecer diplomaturas que prometían puntaje oficial, supuestamente avaladas por entidades legítimas.

Los docentes interesados pagaban sumas que oscilaban entre los $95.000 y los $360.000. A cambio, recibían archivos en formato PDF que contenían sellos y firmas escaneadas. Sin embargo, la Dirección de Control y Acreditación de Títulos confirmó que las numeraciones de estos certificados eran inexistentes o estaban duplicadas en las bases de datos oficiales.

Roles definidos y detenciones

La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio logró identificar la estructura de la banda, que contaba con un alcance federal:

1.Captación: Una docente del sur de Salta se encargaba de atraer clientes y gestionar los cobros.

2.Soporte técnico: Una mujer en la zona norte de la provincia resolvía dudas operativas bajo una identidad falsa.

3.Administración digital: Un hombre ubicado en Bariloche funcionaba como el soporte informático y receptor final del dinero.

Por el momento, dos mujeres han sido detenidas. Se les imputan cargos provisionales por falsificación de instrumento privado, fraude a la administración pública y asociación ilícita.