Se trata de los jefes policiales Ale Nasser y Villagrán, acusados de montar una estructura logística para que detenidos realizaran tareas de albañilería en la casa de veraneo del jefe de la Unidad Regional Norte. El fraude incluía el uso de patrulleros, combustible estatal y falsificación de documentos.
SAN MIGUEL DE TUCUMÁN – La investigación sobre los manejos espurios en la Unidad Regional Norte (URN) sumó un nuevo capítulo con la detención de dos altos mandos. La justicia tucumana ordenó la captura de los comisarios Edim Roberto Ale Nasser y Fabiana Elizabet Villagrán, quienes habrían sido piezas fundamentales en un esquema de explotación de internos para beneficio personal de la cúpula policial.
El Modus Operandi: una empresa constructora con recursos del Estado
Según la acusación fiscal presentada por la Unidad de Delitos Complejos, entre agosto y noviembre de 2025, se montó una estructura paralela dentro de la fuerza para desviar presos de sus lugares oficiales de detención (Chuscha y Choromoro) hacia la sede de la URN en Tafí Viejo, sin dejar registro alguno en los libros de guardia.
Los roles detectados en esta nueva etapa:
·Comisario Ale Nasser (Jefe de Infantería Norte): Se le acusa de acondicionar ilegalmente las instalaciones de Infantería para alojar a los presos-albañiles. Además, habría facilitado personal bajo su mando para la custodia de los internos y móviles policiales para el traslado de herramientas y materiales de construcción.
·Comisaria Villagrán (Gestión de Personal): Su función habría sido la de "coordinadora logística". Organizaba las salidas de los sargentos y los presos hacia la obra, transmitía las órdenes del jefe de la Regional y, lo más grave, falsificaba los registros oficiales para que los movimientos figuraran como "misiones de servicio" cuando, en realidad, se dirigían a una propiedad privada.
La "casa de veraneo" del Jefe
El destino final de esta maniobra era una vivienda en construcción en la zona de El Cadillal, propiedad del Comisario General Javier Gustavo Beltrán (ya detenido). Allí, los internos realizaban tareas de herrería, pintura y albañilería, custodiados por sargentos que utilizaban patrulleros y combustible pagado por el Ministerio de Seguridad para realizar los traslados diarios.
Calificaciones legales y prisión preventiva
La fiscalía imputó a los nuevos detenidos por delitos gravísimos:
1.Peculado de uso y de servicio: Por utilizar recursos y personal estatal para fines privados.
2.Abuso de autoridad e incumplimiento de deberes: Por omitir las normativas de alojamiento de presos.
3.Falsificación de instrumento público: Específicamente contra Villagrán, por la alteración de los libros de guardia.
El auxiliar de fiscal, Federico Lizárraga, solicitó la detención efectiva argumentando que, debido a su jerarquía institucional, los imputados tienen una capacidad real de amedrentar testigos o destruir pruebas. El juez interviniente hizo lugar parcialmente al pedido, dictando la prisión preventiva por el término de un mes mientras se profundizan las pericias sobre la estructura policial implicada.
