El reciente homicidio de Jonathan Correa, un adolescente de 15 años, a manos de su padre, Jonathan Calero, ha puesto bajo la lupa la ineficacia de las instituciones uruguayas para prevenir la violencia doméstica. El caso, que terminó con el joven arrojado en una cuneta tras una golpiza fatal, provocó que el propio presidente Yamandú Orsi cuestionara públicamente la capacidad de respuesta del Estado.

Crónica de una tragedia evitable

Los hechos, reconstruidos por la Fiscalía, detallan una noche de extrema violencia el pasado viernes. Calero atacó a su hijo con un cable en su dormitorio mientras la madre y la hermana menor de la víctima estaban en otra parte de la vivienda. Tras el castigo, el joven fue enviado a dormir, pero nunca despertó.

Al notar que el adolescente no tenía signos vitales durante la madrugada, el agresor trasladó el cuerpo fuera de la casa y lo abandonó en una zanja, intentando inicialmente fingir un accidente en un puente cercano.

Tras una supuesta búsqueda iniciada por ambos padres, el hombre terminó confesando la ubicación del cadáver.

Lo más alarmante del caso es que el entorno de Jonathan ya había alertado sobre su situación. Sus compañeros de la UTU lo describieron como un chico inteligente y reservado que intentaba ocultar hematomas con su vestimenta.

Aún más grave es la confirmación de que el centro educativo había presentado denuncias previas por maltrato infantil. Sin embargo, estas actuaciones nunca prosperaron en el ámbito policial ni judicial, permitiendo que el ciclo de violencia —confirmado por la autopsia como de "larga data"— culminara en el homicidio.

El presidente Orsi calificó el evento como "espantoso" y se preguntó abiertamente cómo el Estado no logró intervenir a tiempo. Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Negro, reconoció un fallo sistémico en los mecanismos de protección y ordenó una investigación administrativa para deslindar responsabilidades.

Jonathan Calero enfrenta cargos por homicidio especialmente agravado y violencia doméstica. Se le dictó prisión preventiva por 180 días.

La defensa solicitó estudios psiquiátricos para determinar su imputabilidad, además de atención médica por asma.

La hermana de la víctima y dos primos fueron derivados a centros del INAU, luego de que surgieran dudas sobre la idoneidad de la abuela para su cuidado.

"El Estado todo falló", sentenció el ministro Negro, marcando la necesidad de una revisión profunda en los controles de bienestar infantil para evitar que la historia de Jonathan se repita.