Los cargos y el allanamiento

El caso no solo se limitó al daño ambiental en un área protegida. Tras la viralización de los videos que permitieron su identificación, la justicia realizó un allanamiento en su domicilio de Neuquén capital el 1 de agosto. Allí, el operativo derivó en el secuestro de una carabina calibre 44.40 sin la debida autorización legal, sumando el cargo de tenencia ilegal de arma de fuego a la causa original por daños.

Una reparación "simbólica" bajo la lupa

Pese a que los delitos unificados contemplan penas de hasta 6 años de prisión, la fiscalía y la defensa acordaron una salida alternativa homologada por la jueza de Garantías, Natalia Pelosso. Los puntos centrales del acuerdo son:

·Trabajo comunitario: 144 horas (equivalentes a una hora semanal durante 18 meses) en la subsecretaría de Ciudad Saludable.

·Donación técnica: La entrega de una cinta métrica de agrimensor de 50 metros, valuada en 12.000 pesos, destinada a la división de Delitos Ambientales de la Policía.

·Justificación: La fiscalía argumentó que el monto es simbólico debido a la condición de desempleado del joven.

El debate por el patrimonio natural

La resolución judicial ha puesto sobre la mesa la dificultad del sistema penal para cuantificar daños a ecosistemas frágiles. Las maniobras del vehículo afectaron directamente las raíces de araucarias milenarias, una especie protegida cuya recuperación no responde a tiempos humanos ni a valores de mercado.

Aunque el acuerdo es legal y el área de Áreas Protegidas podría aplicar multas administrativas adicionales, la sensación de desproporción persiste. Para muchos, que el costo económico de eludir un juicio por daño ambiental y tenencia de armas sea inferior al precio de una cena familiar, abre un interrogante sobre la efectividad de estas sanciones como método de prevención.