Lo que inicialmente fue reportado como una muerte súbita ha derivado en una de las investigaciones más crudas del sistema judicial de Chubut. Tras el fallecimiento de Ángel López, la detención de su madre y el padrastro marca el inicio de un proceso judicial que busca determinar no solo la responsabilidad material del crimen, sino también la cadena de negligencias estatales que permitieron que el menor terminara en un entorno de peligro.
El quiebre de la versión oficial
La investigación dio un vuelco irreversible con los resultados preliminares de la autopsia. Mientras Mariela Altamirano sostenía que su hijo se había descompensado mientras dormía, la ciencia forense detectó una realidad distinta: traumatismos craneales severos.
El dato más alarmante del informe médico no es solo la lesión que provocó el paro cardiorrespiratorio, sino la existencia de heridas de vieja data. Según los peritos, el niño presentaba lesiones compatibles con golpes recibidos al menos diez días antes de su ingreso al hospital, lo que sugiere un cuadro de maltrato crónico y no un accidente aislado.
Imputaciones y medidas de resguardo
Ante la contundencia de las pruebas, el fiscal Facundo Oribones ordenó la detención inmediata de la pareja:
·Mariela Altamirano y Maicol González: Serán imputados formalmente este martes por homicidio agravado por el vínculo, una calificación que contempla la pena máxima.
·Situación familiar: En medio del proceso, la Justicia dispuso el traslado de la hermana menor de la víctima —una bebé que la pareja tiene en común— hacia Córdoba, para quedar bajo el cuidado de familiares directos.
La lupa sobre el sistema de protección
El caso trasciende la responsabilidad de los detenidos y abre un debate sobre los mecanismos de revinculación. Ángel se encontraba en la vivienda de su madre por disposición judicial al momento de su muerte. Este hecho motivó una denuncia ampliada por parte del padre biológico, quien apunta contra funcionarios del sistema de protección infantil.
El planteo judicial del padre sugiere que existieron alertas previas sobre la vulnerabilidad del niño que fueron ignoradas por quienes debían garantizar su seguridad. La historia clínica del Hospital Regional, que describe a un paciente que ingresó sin respuestas a estímulos y con un deterioro generalizado, es ahora la pieza central de un expediente que busca justicia para Ángel y respuestas sobre un sistema que, a la luz de los hechos, no logró protegerlo.
