En un contexto de extrema sensibilidad por la ola de amenazas de tiroteos que recorre el país, un hecho insólito y alarmante tuvo lugar en la Escuela N.º 4-082 José P. Dávila, en el departamento de Las Heras. Un estudiante de 17 años ingresó al establecimiento exhibiendo una réplica de arma de fuego, acción que habría sido planificada y fomentada por su propia madre.

El "experimento" que terminó en la comisaría

El episodio se desencadenó cuando el adolescente entró al colegio con una pistola de plástico en la cintura, mostrándola deliberadamente al ingresar. Tras la intervención de las autoridades escolares y la llegada del personal policial, la madre del menor se presentó en el lugar y, lejos de mostrar arrepentimiento, justificó el accionar como una medida de fuerza.

Según el testimonio brindado a los efectivos, la mujer buscaba demostrar la vulnerabilidad de los controles de seguridad. "Así se dan cuenta que de igual manera se puede ingresar un arma de fuego", habría expresado, criticando lo que ella considera medidas insuficientes para proteger a los alumnos ante las recientes amenazas de masacres escolares.

Consecuencias legales para madre e hijo

La Justicia mendocina no tomó el hecho como una simple protesta, sino como un acto de intimidación pública. Como resultado del operativo:

·El menor: Fue trasladado en calidad de guarda a la Comisaría 16° y quedó imputado como autor del delito de intimidación pública.

·La madre: Fue aprehendida y alojada en la Subcomisaría Iriarte, imputada como instigadora del mismo delito.

Un clima de tensión creciente

El secuestro del arma de juguete y la detención de la mujer ocurren en un momento donde las comunidades educativas de Mendoza y el resto de las provincias se encuentran en estado de alerta máxima.

Desde la Unidad Fiscal de Delitos No Especializados se advirtió que este tipo de conductas, lejos de aportar a la seguridad, profundizan el clima de paranoia y desvían recursos críticos de las fuerzas de seguridad que deben atender amenazas reales. Tanto el adolescente como su progenitora permanecen a disposición de la justicia para definir su situación procesal.