La jueza de garantías Carina Alvarez tuvo por formulados los cargos contra doce integrantes de la comunidad Campo Maripe por el delito de turbación de la posesión. El hecho inició en enero de este año cuando la familia Acuña, quien detenta un título de propiedad otorgado por la provincia desde el año 2023, contrató a una empresa para realizar tareas de minería en una cantera que se encuentra dentro de la propiedad, siendo impedido el paso por parte de miembros de la comunidad.
El defensor planteó que el impedimento de acceso se debió a que el territorio se encuentra en litigio por no haberse concluido el relevamiento territorial establecido por la ley 26.160 y la comunidad ese día también realizó una denuncia por la actividad inconsulta que estaba pretendiendo realizar la familia Acuña.
La jueza dictaminó que lo que se encuentra vigente al día de la fecha es el título otorgado por la provincia a la familia Acuña, y los hechos planteados por la fiscalía no fueron controvertidos por la defensa, por lo que hay indicios suficientes como para tener por formulados los cargos para que la fiscalía inicie la investigación, para lo cual estableció un plazo de 4 meses.
Con el fin de hacer cesar los efectos del delito y evitar una extensión mayor del daño, la jueza dictó como medida cautelar que la comunidad se abstenga de realizar actos que entorpezcan la actividad que la familia Acuña pretende realizar en su propiedad. Por otra parte rechazó el pedido de la defensa de devolución del vehículo secuestrado por el Ministerio Público Fiscal por considerar que el mismo fue utilizado para cometer el delito. También rechazó el levantamiento del pedido de secuestro de otros vehículos propiedad de la comunidad ya que son parte de la investigación que está llevando adelante la fiscalía.
