El expresidente Alberto Fernández amplió hoy su declaración indagatoria ante el juez federal Sebastián Casanello en la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros durante su mandato. Además de negar haber cometido delitos como administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública, el exmandatario solicitó su sobreseimiento y presentó nuevas pruebas en su defensa.
Fernández, imputado en la causa, reiteró su desvinculación de cualquier esquema de beneficios hacia intermediarios del mercado de seguros. Su abogada, Marina Barbita, detalló que el expresidente pidió que sean citados a declarar varios exfuncionarios clave de su gestión: Vilma Ibarra, Santiago Cafiero, Martín Guzmán y Miguel Pesce. Barbita subrayó que "el haber firmado un decreto fue beneficioso para el Estado nacional" y que el proceso está abierto a ser acompañado "con transparencia".
En particular, Fernández se refirió al Decreto 823/2021, que obligaba a las dependencias públicas a contratar seguros a través de Nación Seguros. Afirmó que esta medida fue diseñada para proteger el patrimonio estatal al reducir la intervención de terceros y enfatizó que "no fue un acto direccionado a cometer delito alguno", según un comunicado de su defensa.
Respecto al vínculo con el bróker Héctor Martínez Sosa, uno de los principales señalados en la causa, Fernández reconoció conocerlo desde hace años, pero sostuvo que nunca intercedió por él mientras fue presidente. Aclaró que su relación era profesional, previa a su mandato, y que el empresario ya operaba con el Estado mucho antes de su llegada al Ejecutivo.
La defensa de Fernández volvió a cuestionar la imputación, calificándola de "no clara, precisa ni circunstanciada". Barbita también reiteró sus críticas al anterior juez de la causa, Julián Ercolini, por una supuesta falta de imparcialidad, recordando que Fernández lo había denunciado previamente en el marco de la causa por el viaje a Lago Escondido.
Finalmente, el expresidente abordó un informe de la PROCELAC sobre su evolución patrimonial. Aseguró que sus ingresos y bienes no presentan anomalías y que son compatibles con su historial profesional y público.
