El Gobierno nacional, a través de un decreto redactado por Federico Sturzenegger y de próxima publicación en el Boletín Oficial, ha dispuesto la eliminación del Instituto Nacional de Semillas (INASE), organismo encargado de controlar el comercio de semillas en Argentina. Esta medida ha generado una fuerte preocupación en el sector agropecuario, que teme un incremento del mercado ilegal de semillas, un negocio que mueve cientos de millones de dólares anuales en el país.
Además del INASE, el decreto también suprime la Comisión Nacional de Semillas (CONASE). Las tareas de ambos organismos serán absorbidas por la Secretaría de Agricultura.
Impacto en otros sectores y reorganización estatal
Las modificaciones no se limitan al ámbito agropecuario. El decreto también establece la disolución de la Agencia Regulatoria del Cannabis (ARICCAME), cuyas funciones se dividirán entre el Ministerio de Economía (para el uso industrial) y la ANMAT (para el cannabis medicinal). Asimismo, se dispone la desaparición del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), cuyas competencias pasarán a la órbita de Economía.
Estos cambios implican un aumento de atribuciones para el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, una concesión de Sturzenegger para avanzar con las reformas que, inicialmente, habían generado resistencia en el titular de la cartera económica.
Otros organismos, si bien no desaparecerán, perderán su estatus de autarquía:
·El INTA pasará a ser un ente desconcentrado dependiente de la Secretaría de Agricultura.
·El INTI se convertirá en una unidad organizativa bajo la Secretaría de Industria, aunque conservará su nombre para fines internacionales.
·El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) se incorporará a la estructura de Agricultura, manteniendo solo funciones de fiscalización en la etapa final de la cadena productiva.
·El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) perderá su autonomía y funcionará como organismo desconcentrado dentro de la Secretaría de Industria y Comercio.
El decreto justifica estas drásticas medidas argumentando una falta de eficiencia de los organismos, a los que se acusa de haber multiplicado sus estructuras y personal sin resultados visibles ni mejoras en su desempeño institucional. Además, se sostiene que muchas de sus funciones se superponían con otras dependencias del Estado, generando una burocracia innecesaria y gastos difíciles de sostener.
