El Gobierno nacional ha dispuesto la disolución de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), así como la reorganización de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Todos estos organismos descentralizados, que dependían de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, serán reemplazados por una nueva entidad. Esta decisión, anticipada desde hace tiempo, se hará oficial con la publicación de un decreto en el Boletín Oficial en los próximos días.
Nace la "Agencia de control de concesiones y servicios públicos de transporte"
El nuevo organismo se denominará “Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte” y será la autoridad de aplicación para todas las normas y actos administrativos relacionados con la fiscalización de las concesiones viales y el transporte público nacional.
Sus funciones incluirán:
·Verificar el cumplimiento de contratos: Supervisará los contratos de concesión, así como los acuerdos de operación y permisos de explotación de los servicios públicos de transporte automotor (urbano, suburbano) y ferroviario (pasajeros y carga) de jurisdicción nacional. Esto implica asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, técnicas y operativas, mediante inspecciones y solicitud de documentación.
·Fiscalización vial: Supervisará la ejecución de los contratos de concesión vial en colaboración con el organismo competente en procesos licitatorios, garantizando una clara separación de funciones.
·Control de servicios terrestres: Velará por el cumplimiento de las condiciones técnicas y de prestación de los servicios de transporte terrestre nacional, asegurando la continuidad y seguridad para los usuarios.
·Seguridad ferroviaria: Fiscalizará las medidas de seguridad en bienes afectados al servicio ferroviario y la protección de personas y cargas.
·Aplicación de sanciones: Podrá establecer sanciones por incumplimientos en las normativas y contratos de concesión, y promover acciones civiles o penales cuando corresponda.
·Protección al usuario: Gestionará quejas, reclamos y denuncias de los usuarios, realizará investigaciones técnicas, emitirá informes y propondrá mejoras en calidad, eficiencia y seguridad operacional.
·Recaudación e intervención: Tendrá la atribución de recaudar y fiscalizar tasas y aranceles, promover la suspensión y caducidad de permisos y licencias (con resolución de la Secretaría de Transporte), e intervenir en la investigación de accidentes ferroviarios relevantes.
·Funciones adicionales: Podrá solicitar auxilio a la fuerza pública, resolver conflictos en la modalidad de acceso abierto en concesiones ferroviarias y supervisar el mantenimiento de infraestructura y material rodante ferroviario.
Justificación y objetivos de la reestructuración
La decisión se fundamenta en la facultad del Poder Ejecutivo Nacional para realizar modificaciones, eliminar competencias innecesarias y reorganizar o transformar la estructura jurídica del Estado.
Esto incluye la centralización, fusión, disolución total o parcial, o transferencia de organismos a provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, buscando siempre armonizar los recursos. El objetivo principal es mejorar el funcionamiento del Estado Nacional y reducir el "sobredimensionamiento" de su estructura.
