Según The New York Times, el gobierno de Trump busca enviar extranjeros expulsados desde su frontera a Buenos Aires para gestionar desde allí su repatriación final.
Un informe publicado este viernes por el prestigioso diario The New York Times ha sacudido la agenda diplomática: los gobiernos de Argentina y Estados Unidos se encuentran en negociaciones avanzadas para firmar un acuerdo bilateral que permitiría a la Casa Blanca deportar inmigrantes hacia territorio argentino.
El plan, enmarcado en la política migratoria de la administración de Donald Trump, apunta a que las personas detenidas ilegalmente en la frontera norteamericana sean trasladadas a Argentina. Una vez en Buenos Aires, el gobierno local se encargaría de gestionar la logística de regreso a sus respectivos países de origen.
Los detalles del convenio
El informe periodístico, que cita documentos oficiales de Washington y fuentes familiarizadas con las tratativas, señala que la propuesta fue presentada por el vicecanciller argentino, Juan Navarro. Asimismo, el canciller Pablo Quirno estaría comprometido en avanzar con los detalles técnicos del convenio.
Los puntos clave de la negociación incluyen:
Terceros países: Argentina recibiría a personas que no pueden ser repatriadas fácilmente desde EE.UU. a sus tierras natales.
Puente logístico: Buenos Aires funcionaría como una "estación de transferencia" para organizar los vuelos de retorno.
Efecto disuasorio: Para la administración Trump, este acuerdo es una herramienta clave para aliviar la presión en su frontera y desalentar el cruce ilegal.
Un silencio oficial que genera expectativa
A pesar de la precisión de los datos revelados por el medio estadounidense, hasta el momento ni la Casa Blanca ni el Gobierno argentino han emitido una confirmación oficial. El tratado se mantendría, por ahora, como un punto crítico dentro de una agenda bilateral más amplia que incluye cooperación económica y seguridad.
De concretarse, Argentina se convertiría en un socio estratégico —y logístico— de la política migratoria más agresiva de Estados Unidos en décadas, un movimiento que promete generar intensos debates tanto en el Congreso como en organismos internacionales de derechos humanos.
