Mientras el Gobierno nacional sostiene un fuerte discurso de austeridad, el Ministerio de Relaciones Exteriores renovó un convenio de capacitación en idiomas con una suba que supera ampliamente la inflación del periodo. La entidad beneficiada está a cargo de María Josefina Rouillet.

En medio de la política de ajuste fiscal y bajo el lema "no hay plata", la gestión de Cancillería —durante el periodo de Diana Mondino— quedó bajo la lupa tras la renovación de un contrato millonario con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa. El dato que genera controversia es que la institución es presidida por María Josefina Rouillet, cónyuge del actual ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Los números detrás de la renovación

El acuerdo, rubricado a fines de febrero de 2024, estableció un monto de 55,3 millones de pesos para la formación en inglés de empleados públicos. Al comparar esta cifra con el contrato previo firmado en marzo de 2023 (de 11 millones de pesos), se registra un incremento del 398%.

Este salto presupuestario se sitúa significativamente por encima del índice de inflación acumulado en ese mismo lapso, que fue del 276%, lo que plantea interrogantes sobre la eficiencia de la negociación para las arcas públicas.

Justificaciones y mecanismos de contratación

Desde los organismos involucrados señalaron que la elección de esta entidad, realizada de manera directa y sin licitación, se fundamenta en que sería la única institución con la capacidad técnica para brindar este tipo de formación específica. Asimismo, indicaron que el vínculo se remonta a 2018 y que se solicitó un dictamen a la Oficina Anticorrupción para cumplir con los protocolos de transparencia.

El contexto del "ajuste" estatal

La difusión de este contrato coincide con una etapa de alta exposición para Sturzenegger, quien ha sido el principal impulsor de la reducción del gasto público y la eliminación de estructuras estatales.

A este episodio se le suman otros gastos operativos de su propia cartera que han generado críticas internas y externas, como el reciente contrato de alquiler de oficinas y cocheras en el microcentro porteño por 720 millones de pesos, lo que reaviva el debate sobre la coherencia entre el discurso de "motosierra" y el manejo de los recursos destinados a la alta burocracia estatal.