Un reciente dictamen del magistrado Ricardo Giletta, integrante de la Cámara del Trabajo de Córdoba, ha puesto en jaque uno de los pilares de la nueva normativa laboral a nivel nacional.

Al declarar la inconstitucionalidad del artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral, el juez cuestionó el mecanismo de actualización de deudas en juicios que ya se encontraban en curso antes de la sanción de la norma.

Según el fallo, la limitación impuesta por el Ejecutivo para el cálculo de intereses vulnera el principio de igualdad ante la ley, ya que establece un trato diferenciado y perjudicial para los procesos iniciados previamente en comparación con las nuevas causas.

El punto de discordia radica en que la reforma pretendía imponer un tope a las indemnizaciones basándose en tasas del Banco Central con un margen acotado de inflación, lo que en la práctica representaba una quita sustancial del monto final que percibirían los trabajadores.

Ante esto, la justicia cordobesa ordenó retornar a los criterios de la Ley de Contrato de Trabajo, aplicando el Índice de Precios al Consumidor junto a un adicional mensual por mora.

Esta sentencia, originada por el despido de un trabajador en 2016, no solo beneficia al demandante particular, sino que enciende las alarmas en el ámbito político y gremial al sentar un precedente que podría replicarse en las numerosas presentaciones judiciales que organizaciones sindicales como la CGT mantienen activas contra el proyecto oficial.