En la antesala de un nuevo aniversario del 24 de marzo, la Cámara Alta aprobó un proyecto de resolución que ratifica los pilares de Memoria, Verdad y Justicia. La iniciativa, que conmemora los 50 años del último golpe de Estado, logró una mayoría contundente de 49 votos afirmativos, mientras que el bloque de La Libertad Avanza (LLA) optó por la abstención tras una jornada de intensas maniobras reglamentarias.

Una declaración de alto voltaje simbólico

El proyecto, impulsado originalmente por el senador Eduardo "Wado" de Pedro, no solo rinde homenaje a las víctimas, sino que reafirma el consenso democrático alcanzado en 1983. El texto aprobado destaca:

·La vigencia del principio del Nunca Más al terrorismo de Estado.

·La continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad.

·La defensa irrestricta del Estado de Derecho frente a cualquier interrupción autoritaria.

El debate en el recinto: estrategias y cruces

La sesión estuvo signada por el intento de la bancada oficialista de modificar el sentido de la declaración. Patricia Bullrich, al frente de la estrategia de LLA, intentó introducir un texto alternativo que evitaba las consignas tradicionales de los organismos de derechos humanos e incorporaba una condena genérica a "todo tipo de violencia".

La jugada generó momentos de fricción cuando:

Falta de expediente: Desde el peronismo se señaló que el oficialismo no contaba con un proyecto formalmente presentado, sino que intentaba votar una declaración enviada a último momento.

Discurso de "Memoria Completa": El senador Joaquín Benegas Lynch intervino para cuestionar lo que denominó el "monopolio de la memoria", buscando equiparar el accionar estatal con el de las organizaciones guerrilleras de la época.

Unanimidad parcial: Ante la imposibilidad de consensuar los fundamentos ideológicos, se decidió votar únicamente la parte resolutiva, lo que permitió que todos los bloques opositores —incluyendo sectores de la UCR y bloques provinciales— votaran en conjunto.

El trasfondo: indultos y agenda política

Más allá de lo legislativo, la discusión reavivó el debate interno en el Gobierno sobre la situación de los condenados por delitos de lesa humanidad. Mientras algunos sectores del oficialismo analizan vías judiciales para beneficiar a represores, la votación en el Senado expuso la dificultad de romper el consenso social y jurídico que rige en el país desde el regreso de la democracia.

Para los analistas, la abstención del bloque libertario marca una postura política clara frente a una fecha que, a medio siglo de distancia, sigue siendo el eje divisorio de la narrativa histórica argentina.