El fiscal Rodrigo Cuesta dictaminó ante la Cámara Federal en contra de la apelación del Gobierno Nacional. Sostuvo que la medida de la gestión de Patricia Bullrich anula el derecho a la protesta y que la intervención policial no puede ser "automática" ante cualquier manifestación.
El cuestionado "protocolo antipiquetes" impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional sumó un nuevo revés en los tribunales. El fiscal general Rodrigo Cuesta rechazó el recurso de apelación presentado por el Gobierno y solicitó que se mantenga firme el fallo de primera instancia que declaraba la nulidad de la resolución del Ministerio de Seguridad.
Ahora, la decisión final sobre la vigencia o suspensión de la normativa que regula la intervención de las fuerzas federales en las calles queda en manos de la Cámara Contencioso Administrativo Federal.
El derecho a la protesta como eje
En un dictamen de fuerte peso institucional, Cuesta subrayó que el derecho a la protesta social goza de una "tutela preferencial" dentro del sistema democrático. El fiscal advirtió que el Estado tiene la obligación de equilibrar los derechos en juego sin vaciar de contenido la libertad de expresión y de reunión.
Los puntos centrales del dictamen fiscal señalan:
Intervención automática: Se cuestiona que el protocolo ordene el accionar policial inmediato ante cualquier afectación del tránsito, sin evaluar la razonabilidad o el contexto de la protesta.
Falta de proporcionalidad: El fiscal sostiene que la medida resulta incompatible con los estándares que exige la Constitución Nacional.
Jerarquía de derechos: Si bien reconoce el derecho a la libre circulación, aclara que este no puede anular sistemáticamente el derecho legítimo a manifestarse.
Una causa con respaldo de organismos
La causa judicial que busca frenar el protocolo fue impulsada originalmente por el CELS, junto a organizaciones como Amnistía Internacional, el Polo Obrero, ATE y la Confederación Indígena Neuquina, entre otros.
Desde el CELS calificaron este dictamen como un "paso relevante" para el control judicial sobre las políticas de orden público, argumentando que, bajo la premisa de la seguridad, se estaban restringiendo derechos básicos para el funcionamiento de la democracia.
El contraste con la reforma laboral
Mientras se espera la definición de la Cámara sobre el protocolo, la justicia también se pronunció en otros frentes de conflicto. Recientemente, el juez Enrique Lavié Pico desestimó un amparo de la CGT contra la reforma laboral, marcando una disparidad en los resultados judiciales que enfrenta la agenda de reformas del Ejecutivo.
Por el momento, y hasta que la Cámara se expida, el protocolo sigue siendo defendido por referentes del oficialismo como Patricia Bullrich y el vocero Manuel Adorni, quienes celebraron cada instancia en la que la medida logró mantenerse en pie.
