A través de un decreto firmado a inicios de este año, el Gobierno dio por finalizada la política de haberes fijos para la plana mayor libertaria. Mientras los ingresos de los ministros superan los 8 millones de pesos, el sueldo del Presidente se mantiene sin cambios.
El Poder Ejecutivo nacional implementó una recomposición salarial jerárquica que alcanzó al jefe de Gabinete, ministros, secretarios y subsecretarios. Tras mantener los haberes sin modificaciones desde el inicio de la gestión a fines de 2023, la administración decidió aplicar una serie de incrementos escalonados que, en el acumulado entre enero y mayo de 2026, representan una suba del 123%.
La medida, oficializada mediante el DNU 931/2025, fue justificada por la Casa Rosada bajo la necesidad de contar con un esquema de remuneraciones "competitivo y coherente" con las responsabilidades del Estado. Según fuentes oficiales, el ajuste busca frenar la fuga de personal técnico y jerárquico hacia el sector privado y compensar el retraso frente a una inflación que, en el mismo período de congelamiento, alcanzó el 194%.
El nuevo esquema salarial
A partir de los datos oficiales, la escala salarial (en montos brutos) para el primer semestre de 2026 quedó conformada de la siguiente manera:
·Ministros y Jefe de Gabinete: De cobrar $3.584.006 en diciembre de 2025, pasaron a percibir $7.129.501 en enero, alcanzando los $8.020.866 para el mes de mayo.
·Secretarios: Sus haberes evolucionaron de $3.282.709 en diciembre a un estimado de $7.346.575 para el cierre del quinto mes del año.
·Subsecretarios: El escalafón pasó de $2.981.513 a finales del año pasado a $6.672.510 en mayo de 2026.
En contraste, el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel quedaron excluidos de esta actualización, manteniendo sus ingresos en $4.066.018 y $3.764.821 respectivamente.
Contrastes y contexto político
La decisión de actualizar los sueldos del gabinete se tomó tras el triunfo oficialista en las elecciones legislativas de 2025, en un intento de profesionalizar la conducción superior. No obstante, la medida genera fricciones en el marco del discurso de austeridad promovido por el Ejecutivo, especialmente al compararse con el promedio de los trabajadores estatales nacionales, que ronda los $1.200.000, o el promedio del sector privado (RIPTE), que se ubicó en $1.646.344 en enero pasado.
Asimismo, los incrementos se dan en un clima de alta sensibilidad institucional, marcado por investigaciones judiciales sobre el patrimonio de funcionarios de primera línea y cuestionamientos sobre el acceso a créditos preferenciales en la banca pública. Desde el Gobierno insisten en que, a pesar del salto porcentual, los nuevos salarios siguen corriendo por detrás de la inflación acumulada de los últimos dos años.
