La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete dio un paso clave. El juez federal Ariel Lijo autorizó el acceso a las cuentas y movimientos financieros del funcionario y su esposa, con el objetivo de cruzar una serie de gastos en dólares con sus ingresos declarados.
La Justicia Federal ha decidido profundizar la auditoría sobre la evolución patrimonial de Manuel Adorni. La medida, impulsada tras un requerimiento del fiscal Gerardo Pollicita, busca desentrañar el origen de los fondos utilizados para diversas operaciones en moneda extranjera realizadas en los últimos dos años. El foco principal de la fiscalía se centra en una cifra cercana a los 90.000 dólares, cuya procedencia genera interrogantes frente al salario público percibido por el vocero.
Inmuebles y deudas bajo sospecha
El expediente detalla una serie de transacciones inmobiliarias que forman el núcleo del caso. Entre ellas, se destaca la adquisición de un departamento en el barrio porteño de Caballito, valuado en 230.000 dólares, donde se habría desembolsado un pago inicial de 30.000 dólares. A esta operación se suma la compra de una propiedad en el exclusivo country Indio Cuá, la cual incluyó un aporte de capital de 20.000 dólares al momento del cierre del trato.
Los investigadores también ponen la mirada sobre la capacidad de ahorro y cancelación de pasivos de la pareja. Se analiza, por ejemplo, un pago extraordinario de 30.000 dólares destinado a saldar parte de una deuda hipotecaria previa. Para la fiscalía, el ritmo de estas cancelaciones y adelantos requiere una justificación documental que el levantamiento del secreto bancario permitirá corroborar o descartar.
Viajes y consumos de alto perfil
Más allá del mercado de ladrillos, la causa incorpora consumos personales que han llamado la atención de los peritos. En la lista figuran gastos vinculados a vuelos privados hacia destinos turísticos regionales, como Punta del Este, y los costos asociados a traslados internacionales en el marco de viajes oficiales.
El desafío de la Justicia será determinar si existe una "inconsistencia patrimonial" manifiesta. Para ello, se contrastarán estos movimientos con los sueldos percibidos por Adorni, que hasta hace pocos meses rondaban los tres millones de pesos mensuales. La investigación también buscará determinar si se realizaron refacciones de lujo en las viviendas mencionadas que no hayan sido debidamente reportadas.
El descargo oficial
Desde el círculo íntimo del jefe de Gabinete sostienen que todas las operaciones son lícitas y que se encuentran debidamente respaldadas. Según su defensa, la próxima declaración jurada que presente el funcionario servirá para disipar las dudas y aclarar que los fondos corresponden a ahorros previos y mecanismos legales de financiamiento. Mientras tanto, la recolección de pruebas continúa y la fiscalía aguarda informes técnicos de diversos organismos de control para cerrar el mapa financiero del matrimonio.
