En un movimiento que reabre un frente de conflicto que parecía saldado el año pasado, el Ministerio de Salud envió al Senado el proyecto de ley titulado "Contra el fraude de pensiones por invalidez". La iniciativa, impulsada por el ministro Mario Lugones y respaldada por el Poder Ejecutivo, busca desmantelar los pilares de la Ley de Emergencia en Discapacidad sancionada en 2025, planteando un cambio estructural en el acceso a derechos y en el financiamiento del sector.
El retorno al criterio de incapacidad laboral
El punto más sensible de la reforma radica en el endurecimiento de las condiciones para acceder a las pensiones no contributivas. El proyecto abandona el paradigma actual de protección social basado en el Certificado Único de Discapacidad (CUD) para retomar el viejo esquema de invalidez laboral.
De aprobarse, solo podrán acceder al beneficio quienes demuestren estar totalmente imposibilitados de trabajar. Esto deja en una situación de extrema vulnerabilidad a miles de personas con discapacidad que hoy combinan su condición con alguna forma de inserción laboral parcial o inscripción tributaria, ya que la nueva norma establece una incompatibilidad absoluta con cualquier vínculo laboral registrado.
Desregulación de aranceles y fin de la solidaridad
La reforma también impacta profundamente en la cadena de pagos mediante dos ejes que preocupan a los prestadores:
Fin del Nomenclador Único: Se busca suprimir el sistema de aranceles universales que garantizaba valores homogéneos en todo el país para terapias, acompañantes y transporte. Los precios quedarían librados a la negociación directa entre cada obra social o prepaga y los profesionales, lo que otorga una ventaja desproporcionada a las grandes empresas frente a los prestadores individuales.
Desmantelamiento del Fondo de Redistribución: El proyecto contempla desarmar el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que actualmente equilibra los costos entre entidades de distinto tamaño.
Sin este respaldo, el sistema se fragmenta y las prestaciones quedarán sujetas exclusivamente a la capacidad de pago y presupuesto de cada cobertura de salud.
Auditorías y tensiones políticas
Para asegurar el cumplimiento de la norma, el Gobierno propone controles estrictos mediante cruces de datos entre la Anses y la ARCA, que podrían derivar en suspensiones preventivas inmediatas.
Además, se establece un reempadronamiento obligatorio en un plazo de 90 días, una medida que las organizaciones sociales califican como una "trampa" para aquellas familias con dificultades de movilidad o falta de acceso a medios digitales.
La medida llega en un clima de alta tensión interna en el oficialismo y con el trasfondo de investigaciones judiciales en la Agencia Nacional de Discapacidad por presuntas irregularidades en la compra de insumos. Mientras tanto, el descontento social ya se traduce en acciones concretas: organizaciones y familias han convocado a una movilización nacional para este miércoles a las 11:00 hs frente a la sede del Ministerio de Salud, marcando el inicio de una nueva etapa de resistencia al ajuste en el sector.
