Durante las audiencias de este martes, tres referentes del sector de la construcción afirmaron que sus declaraciones como "arrepentidos" en 2018 fueron producto de una coacción psicológica ejercida por el fallecido juez Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli. Para resguardarse, los acusados dejaron constancia de sus "mentiras planificadas" ante escribanos públicos antes de presentarse en Comodoro Py.
BUENOS AIRES – El debate oral por la denominada "Causa Cuadernos" dio un giro dramático tras los testimonios de Mario Rovella (Rovella-Carranza), Oscar Sansiseña y Guillermo Escolar (Cleanosol). Los empresarios aseguraron ante el Tribunal Oral Federal 7 que nunca entregaron dinero a funcionarios, pero que se vieron forzados a admitir delitos inexistentes para evitar la prisión preventiva.
El "seguro" ante escribano
La revelación más impactante fue la estrategia de defensa preventiva que utilizaron los imputados. Rovella relató que, ante la amenaza de quedar detenido si no corroboraba la versión del financista Ernesto Clarens, acudió a una escribanía el día previo a su indagatoria. Allí dejó asentado en un acta que lo que declararía al día siguiente no era veraz, sino una imposición para mantener su libertad.
Esta maniobra fue replicada por los directivos de Cleanosol, quienes también consignaron ante escribano público que sus futuras confesiones serían falsas y motivadas por el clima de "extorsión" que imperaba en el juzgado.
Escenas de intimidación
Guillermo Escolar describió una atmósfera de "cacería" en los pasillos de Retiro durante agosto de 2018. Según su relato, las autoridades judiciales utilizaban a otros empresarios detenidos como método de presión:
"Vimos cómo exhibían al empresario Hugo Dragonetti con casco y chaleco antibalas. El mensaje era evidente: si no decíamos lo que ellos querían, terminaríamos igual", detalló Escolar ante los jueces.
Tensión en el Tribunal y rechazo a investigar
Ante la gravedad de las declaraciones, los abogados defensores —entre ellos Maximiliano Rusconi y José Manuel Ubeira— solicitaron que se extraigan testimonios para iniciar una investigación penal contra el fiscal Carlos Stornelli por el presunto delito de coacción.
Sin embargo, el Tribunal Oral 7 (integrado por los jueces Méndez Signori, Canero y Castelli) decidió postergar cualquier resolución sobre este punto hasta el final del juicio. Esta postura generó fuertes críticas en las defensas, que consideran que se está "blindando" al fiscal y eludiendo la obligación de denunciar delitos cometidos por funcionarios públicos en ejercicio.
Las inconsistencias de la prueba
Los empresarios también señalaron errores fácticos en la acusación original:
Falsas reuniones: Rovella demostró que en las fechas en que se le acusa de entregar dinero, no se encontraba en la Ciudad de Buenos Aires.
Vínculos comerciales: Explicaron que los contactos con Clarens eran por servicios lícitos, como el alquiler de taxis aéreos para visitar obras en el interior.
Tachaduras: Los defensores volvieron a cuestionar la validez de los cuadernos de Oscar Centeno, recordando que las pericias detectaron miles de enmiendas y alteraciones que desvirtúan su valor probatorio.
La jornada cerró con un clima de profunda incertidumbre sobre la validez de toda la estructura de la causa, mientras el tribunal mantiene la continuidad del proceso sin abrir, por ahora, una investigación paralela sobre el accionar de los instructores originales.
