En una decisión que marca un quiebre en la dinámica histórica de la sede de Gobierno, el Poder Ejecutivo resolvió inhabilitar el ingreso de los periodistas acreditados a la Casa Rosada. La medida, calificada como "preventiva", se ejecutó mediante la baja de los registros de huellas dactilares de todos los trabajadores de prensa que cubren habitualmente el área.

El origen del conflicto

La restricción surge como respuesta oficial a un informe periodístico emitido por la señal TN, donde se exhibieron imágenes del interior de la sede gubernamental. A raíz de esto, la Casa Militar presentó una denuncia formal por "intromisión ilegítima", alegando que la obtención de ese material vulneró los protocolos de seguridad nacional.

·Los denunciados: La presentación judicial apunta contra los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno, además de directivos y productores del canal.

·La carátula: El caso, que recayó en el juzgado federal de Ariel Lijo, investiga si existió un despliegue de actividades ilegales para evadir los controles oficiales.

·La reacción oficial: Desde Israel, el presidente Javier Milei respaldó la denuncia con fuertes descalificaciones hacia los involucrados a través de sus redes sociales, tildando el accionar de "delictivo".

Un precedente inédito

La suspensión del acceso a la sala de periodistas ha generado una fuerte repercusión en el ámbito comunicacional, ya que se trata de una medida que no registra antecedentes similares en periodos democráticos ni en crisis institucionales previas. Según la escueta comunicación oficial, la decisión de remover el acceso biométrico responde a la necesidad de resguardar la seguridad del edificio tras lo que el Gobierno considera un acto de "espionaje".

Por el momento, no se ha informado hasta cuándo se mantendrá esta restricción ni bajo qué nuevas condiciones podrá retomar sus tareas la prensa acreditada en la sede del Poder Ejecutivo.