En el marco de un ajuste general que asciende a $2,5 billones, el Gobierno nacional ha dispuesto una drástica reducción de fondos en áreas críticas de salud pública. La medida genera especial preocupación por su impacto directo en la capacidad del Estado para garantizar tratamientos de alta complejidad y programas de prevención de enfermedades graves.

El desfinanciamiento de los programas oncológicos

La poda presupuestaria sobre el sistema sanitario nacional pone en riesgo la continuidad de la atención para pacientes con enfermedades oncológicas:

·Investigación y tratamiento: El Ejecutivo nacional quitó $5.000 millones del programa de Investigación, Prevención y Tratamiento del Cáncer.

·Medicamentos e insumos: El programa “Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica” sufrió una reducción nominal de $20.000 millones, afectando la provisión de tratamientos de alta complejidad necesarios para pacientes con patologías graves.

Impacto en otros organismos y programas sanitarios

El recorte global en Salud, que suma una baja de $63.021 millones, también alcanza a instituciones y políticas preventivas fundamentales:

·Investigación científica: El Instituto Malbrán perdió $1.162 millones que estaban destinados a la mejora de la infraestructura de sus laboratorios.

·Trasplantes: El INCUCAI sufrió una reducción presupuestaria de $831,3 millones.

·Enfermedades transmisibles: Se aplicaron recortes por $800 millones en políticas de lucha contra el VIH, hepatitis, tuberculosis y lepra.

·Salud reproductiva: El programa de Salud Sexual y Procreación Responsable registró una baja de $900 millones.

Este ajuste sanitario se inscribe en una reestructuración de partidas que también afecta profundamente a las universidades nacionales, la obra pública hídrica y las transferencias a las provincias, profundizando la parálisis de proyectos de infraestructura básica en todo el país.